¿Traición a la patria? Exmagistrado desmonta acusaciones contra Maru Campos tras caso CIA en Chihuahua

La conversación comenzó con una frase que resumía décadas de carrera interrumpidas de golpe: “magistrado en retiro forzado”. Así se presentó José Manuel de Alba, un jurista con más de 40 años en el Poder Judicial que hoy, tras la reforma judicial, quedó fuera de funciones antes de lo previsto.

Sentado frente a Guillermo Ortega, el exmagistrado explicó que su salida no fue voluntaria. Su trayectoria, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en Xalapa, se vio abruptamente interrumpida por los cambios constitucionales que, según afirma, no solo lo afectaron a él, sino a decenas de juzgadores en condiciones similares.

Relató que, aunque algunos funcionarios estaban cerca del retiro, otros quedaron en una especie de limbo: sin posibilidad de jubilarse plenamente y, en muchos casos, sin recibir las compensaciones prometidas en los artículos transitorios de la reforma. “Es como un pagaré en la propia Constitución”, señaló, al referirse a indemnizaciones pendientes que han tenido que negociarse pese a estar establecidas en la ley.

Pero la entrevista no se quedó en el terreno personal. El foco giró hacia uno de los temas más polémicos del momento: el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y las implicaciones legales tras un operativo en la Sierra Tarahumara que terminó con un accidente fatal y la presunta presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Un accidente que desató una tormenta política

El incidente, ocurrido en la sierra de Chihuahua, expuso un hecho delicado: la posible participación de agentes estadounidenses, señalados por reportes como miembros de la CIA, en un operativo contra el crimen organizado.

Aunque no existe confirmación oficial, versiones periodísticas, como las difundidas por The Washington Post, apuntan a que al menos cuatro agentes estaban en la zona. Dos de ellos murieron en el accidente junto con un funcionario mexicano, mientras que otros sobrevivieron.

Un informe reciente, elaborado por una comisión especial, sostiene que estos agentes no portaban armas ni insignias, no participaron en reuniones operativas y, en apariencia, actuaban como observadores dentro de una colaboración informal.

La renuncia del fiscal y la presión política

El caso escaló rápidamente. La confusión en las versiones oficiales derivó en la renuncia del fiscal estatal, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del operativo y la presencia extranjera.

Al mismo tiempo, la gobernadora Campos aceptó comparecer ante el Senado, donde en un contexto político marcado por la confrontación entre fuerzas partidistas, algunos anticipan un ambiente hostil.

En el debate público surgió una acusación particularmente grave: la posibilidad de imputarle traición a la patria.

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¿Hay sustento legal para acusar a Maru Campos?

Para José Manuel de Alba, la respuesta es clara: no.

Desde su experiencia jurídica, explicó que el delito de traición a la patria, previsto en el Código Penal Federal, requiere elementos muy específicos. No basta con la presencia de agentes extranjeros; debe existir una intención directa de afectar la soberanía, la independencia o el territorio nacional.

“El tipo penal es muy claro: implica colaborar con un enemigo, facilitar invasiones o comprometer la integridad del país. Nada de eso ocurre en este caso”, sostuvo.

El exmagistrado detalló que, incluso si se comprobara que hubo colaboración con agentes extranjeros, el contexto, un operativo contra un narcolaboratorio, no encuadra en ninguna de las hipótesis legales de traición.

Tampoco en el plano subjetivo, añadió, se puede acreditar dolo: es decir, la intención deliberada de dañar al Estado mexicano.

Entre lo jurídico y lo político

La discusión, insistió, parece haberse desplazado del terreno legal al político.

"Generalmente es apoyo al enemigo, de información al enemigo, facilite la introducción de ejércitos extranjeros para quitarnos territorio. O sea, eso es traición a la patria, pero entrar en esta hipótesis a destruir un narcolaboratorio no la podemos encuadrar en ninguna de las fracciones", afirmó.

Incluso planteó que, en todo caso, podría discutirse una falta administrativa relacionada con protocolos o autorizaciones, pero no un delito de esa magnitud.

El trasfondo: soberanía y cooperación internacional

El debate también reabre una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación internacional en materia de seguridad sin vulnerar la soberanía?

Para el exmagistrado, la clave está en la intención y el impacto. La presencia de agentes extranjeros, por sí sola, no constituye una violación si no hay una afectación real al Estado mexicano.

“Destruir un laboratorio clandestino no implica perder territorio ni soberanía”, resumió. "Parece un tema de competencia respecto a quién tiene la capacidad legal para otorgar una autorización para que agentes extranjeros estén en México colaborando con el gobierno mexicano para cualquier tipo de situación".

Una comparecencia clave

Con este contexto, la comparecencia de la gobernadora en el Senado se perfila como un momento decisivo. Más allá del tono político que pueda tomar, el caso ya dejó al descubierto tensiones institucionales, vacíos de comunicación y un debate jurídico que, según especialistas, ha sido sobredimensionado.

Mientras tanto, voces como la de José Manuel de Alba, marcada por su propia salida del sistema judicial, insisten en que no todo lo que parece escándalo tiene sustento legal.

Y en medio de la discusión pública, una conclusión comienza a tomar forma: el caso podría decir más sobre la política que sobre el derecho.

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