Lineamientos para proteger a las audiencias no permiten censurar contenidos, afirma Raúl Trejo Delarbre

Los nuevos lineamientos para la protección de las audiencias han generado un intenso debate entre especialistas, medios de comunicación y autoridades. Mientras algunos sectores consideran que podrían abrir la puerta a la censura, el investigador retirado del instituto de investigaciones sociales de la unam, Raúl Trejo Delarbre, sostiene que esa interpretación es equivocada y asegura que el documento únicamente reglamenta una legislación que ya existe desde hace varios años.

Durante una entrevista con Guillermo Ortega, el especialista explicó que parte de la polémica se debe al contexto político actual y a la desconfianza que existe entre los medios y el gobierno. "Hay que reconocerlo, estamos en un contexto muy ominoso de persecución frecuente, por lo menos declarativa, del gobierno en contra de los medios de comunicación", afirmó. Sin embargo, consideró que eso ha provocado que un documento que, desde su perspectiva, es "políticamente aséptico" haya generado interpretaciones exageradas.

Trejo Delarbre también señaló que existe un desconocimiento sobre lo que realmente significan los derechos de las audiencias. Recordó que estas figuras no son nuevas, ya que fueron incorporadas desde 2014, por lo que los lineamientos actuales únicamente desarrollan una ley que ya estaba vigente. "Estamos hablando de que reglamentan una ley que ya existe", subrayó.

El investigador explicó que la legislación ya establece obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, entre ellas distinguir claramente cuándo un mensaje corresponde a publicidad y cuándo forma parte del contenido informativo o de entretenimiento.

La publicidad encubierta, uno de los puntos que más incomoda

Uno de los aspectos que, a juicio del académico, ha provocado mayor resistencia es la obligación de identificar la publicidad cuando esta forma parte de un programa de radio o televisión. Explicó que, si un conductor recomienda un producto como resultado de un acuerdo comercial, esa promoción debe quedar claramente identificada para que la audiencia sepa que se trata de un anuncio.

"Tengo para mí la convicción de que eso es lo que está incomodando a muchos empresarios de la radio y la televisión, que quieren hacer negocio como ellos quieren, incluso ocultando a las audiencias cuándo estamos ante publicidad y cuándo ante contenido de otra índole", afirmó.

Trejo Delarbre insistió en que los derechos de las audiencias se ejercen una vez que el contenido ya fue transmitido y no antes de su difusión. Por ello, sostuvo que los lineamientos no permiten que el gobierno intervenga para decidir qué puede o no puede publicarse. "No sería admisible... que con el pretexto de los derechos de las audiencias hubiera intervención del gobierno o de nadie en la confección de contenidos", declaró.

No obstante, reconoció que existe un apartado del proyecto que sí considera problemático. Se trata del que habla de evitar la difusión de información falsa o descontextualizada. A su juicio, ese punto no aparece en la ley que los lineamientos buscan reglamentar y, por ello, debería eliminarse. "Me parece que aquí hay un exceso que ha provocado mucha inquietud", señaló.

"La autoridad no puede decidir qué es falso"

El investigador también rechazó que alguna autoridad tenga facultades para determinar qué información es verdadera o falsa. "Nadie tiene la facultad de decir qué es falso o qué no, más que las audiencias y los profesionales que hacen los contenidos", afirmó.

Además, explicó que la propia legislación limita las sanciones relacionadas con los derechos de las audiencias. De acuerdo con la norma, las multas únicamente proceden cuando un concesionario no cuenta con un código de ética o no ha designado un defensor de las audiencias, por lo que no existe una base legal para castigar a un medio únicamente por el contenido que transmite.

Finalmente, Trejo Delarbre reconoció que siempre existe el riesgo de que una autoridad actúe por encima de sus facultades, pero insistió en que eso sería contrario a la legislación vigente y no consecuencia directa de los lineamientos. "La autoridad tiene que ceñirse a lo que le faculta la ley. Ninguna autoridad del Estado mexicano tiene derecho a orientar los contenidos de los medios de comunicación", concluyó.

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