Magistrada María Emilia Molina critica reforma judicial: 'No mejora la justicia, concentra el poder'

En una entrevista con el periodista Guillermo Ortega, la magistrada María Emilia Molina, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuestionó la reforma judicial impulsada en México, señalando que no busca mejorar la justicia, sino concentrar el poder en los tres niveles de gobierno.

Molina explicó que los comités de evaluación están contemplados en la Constitución como parte de la reforma judicial y tienen la facultad de identificar a los perfiles mejor preparados para desempeñar cargos en el Poder Judicial. Sin embargo, lamentó que la implementación de la reforma haya derivado en una crisis que llevó a la renuncia masiva de los integrantes del Comité de Evaluación.

El papel del Comité de Evaluación

La magistrada destacó que el objetivo del comité era garantizar evaluaciones objetivas y con visión integral, incorporando la perspectiva de académicos, litigantes y miembros del Poder Judicial. Apenas dos días después de su nombramiento, el comité publicó los lineamientos para su funcionamiento y lanzó la convocatoria en la fecha establecida por el Senado.

No obstante, las decisiones del comité fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral, lo que derivó en una revisión de sus procedimientos. "El tribunal ordenó reanudar los trabajos del comité, por lo que solicitamos a la Suprema Corte que nos indicara a qué órdenes debíamos dar cumplimiento", explicó Molina.

Pese a estos esfuerzos, el Tribunal Electoral abrió un incidente de incumplimiento y determinó que ya no habría evaluación de candidatos, sino que los seleccionados serían elegidos mediante sorteo en el Senado. Esta decisión, según la magistrada, socava el propósito de garantizar que los mejores perfiles lleguen a los cargos judiciales.

Renuncias y descontento

Ante este escenario, cinco integrantes del Comité de Evaluación, incluyendo a Molina, presentaron su renuncia inmediata e irrevocable. En un comunicado, argumentaron que existía una “imposibilidad jurídica” para continuar con su labor, ya que el proceso establecido por la reforma judicial se volvió inviable.

Los magistrados renunciantes —Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo— señalaron que su intención inicial era garantizar un proceso transparente y profesional. Sin embargo, la falta de condiciones jurídicas adecuadas los llevó a concluir que su tarea era insostenible.

Críticas a la reforma judicial

Molina fue tajante en su valoración de la reforma: “No es una medida para mejorar la justicia en México, sino para concentrar el poder en los tres niveles de gobierno”. A su juicio, el modelo de evaluación original se desvirtuó completamente, eliminando los criterios de selección por mérito y sustituyéndolos por un mecanismo aleatorio que compromete la calidad de los perfiles en el Poder Judicial.

Con su renuncia y la de sus colegas, el proceso de selección de jueces y magistrados queda en una situación incierta, lo que genera dudas sobre el futuro del Poder Judicial en el país. La controversia en torno a esta reforma continúa, y sectores de la academia y la sociedad civil han manifestado su preocupación por sus posibles implicaciones en la independencia judicial.

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