Caso de la senadora Mariela Gutiérrez: ¿Cuáles son las penas por maltrato animal en Edomex?

El caso del sacrificio de perros en Tecámac durante la administración municipal de Mariela Gutiérrez Escalante ha abierto un nuevo frente de discusión, ahora centrado en las posibles penas por maltrato animal previstas en la legislación del Estado de México.

A partir de las cifras difundidas, que superan los 10 mil animales sacrificados entre 2019 y 2024, especialistas y organizaciones han planteado la necesidad de revisar si los hechos podrían encuadrar en algún delito.

El tema no solo gira en torno a la cantidad de animales, sino también a los procedimientos aplicados, las condiciones en que se realizaron y si estos se apegaron a la normativa vigente en materia de bienestar animal.

¿Qué sanciones contempla la ley por maltrato animal?

En el Estado de México, el Código Penal establece sanciones para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad animal. De acuerdo con la legislación local, las conductas que provoquen la muerte de un animal pueden ser castigadas con penas de prisión que van de seis meses a cuatro años, además de multas económicas.

Estas sanciones pueden incrementarse cuando se acreditan circunstancias agravantes, como causar sufrimiento prolongado, emplear métodos que generen dolor innecesario o actuar con intención. En esos casos, las penas pueden elevarse hasta seis años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Además, la ley contempla que las autoridades deben garantizar que los procedimientos de eutanasia se realicen bajo criterios estrictos, como la supervisión de personal capacitado y la utilización de métodos que eviten el sufrimiento. De no cumplirse estas condiciones, los actos podrían ser considerados como crueldad animal, aun cuando se argumente control poblacional.

En este contexto, juristas han señalado que la clave del análisis legal no radica únicamente en el número de animales, sino en si cada procedimiento cumplió con los protocolos establecidos y si existió justificación médica o sanitaria.

Posible responsabilidad en el caso Tecámac

A partir de las declaraciones en las que se reconoce el sacrificio de miles de perros, organizaciones de protección animal han solicitado que se investigue si los hechos podrían derivar en responsabilidades penales o administrativas. Entre los puntos que piden esclarecer se encuentran las condiciones del Centro de Bienestar Animal, la documentación de los casos y la existencia de controles sanitarios adecuados.

Algunos colectivos han planteado que, de comprobarse irregularidades, las autoridades involucradas podrían enfrentar sanciones conforme al marco legal vigente. Esto incluye tanto a quienes ejecutaron los procedimientos como a quienes los autorizaron o supervisaron.

Por su parte, la senadora ha señalado que las acciones realizadas durante su administración se llevaron a cabo conforme a la ley, bajo el argumento de atender una problemática de sobrepoblación de animales en abandono y posibles riesgos para la salud pública.

En tanto, la Fiscalía del Estado de México podría determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar investigaciones. El resultado dependerá de la revisión de expedientes, protocolos y evidencia que permita establecer si hubo incumplimiento de la normativa.

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