Cómo operaba la red de “aviadores” en Edomex que habría desviado 96 millones de pesos
Investigan una estructura que habría incorporado 459 altas irregulares de supuestos docentes, usado familiares y personas cercanas como prestanombres y retenido tarjetas bancarias para repartir salarios
Una persona prestaba su nombre. Otra conseguía la plaza. Un capturista ingresaba el alta al sistema oficial. Mandos administrativos permitían que el registro avanzara y, cuando el salario llegaba a la cuenta bancaria, el supuesto trabajador apenas recibía una fracción. Esa es la mecánica que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México atribuye a una presunta red de “aviadores” que habría operado desde 2021 dentro de distintas áreas del gobierno mexiquense.
La dimensión del expediente obliga a precisar las cifras: no todos los involucrados son funcionarios ni existe un único corte que confirme “30 funcionarios detenidos”. La investigación abarca 33 personas entre exservidores públicos, empleados en activo y particulares. La FGJEM informó inicialmente de 26 vinculados a proceso; un reporte local posterior señaló 28 detenidos, 27 ya vinculados y una situación jurídica pendiente, mientras cinco investigados promovieron amparos.
Familiares y amigos prestaban su identidad para aparecer en la nómina
El primer eslabón eran los llamados “reclutadores”. De acuerdo con la investigación, buscaban familiares, amigos o personas de confianza dispuestas a entregar sus datos para ser registradas como docentes o servidores públicos, aunque en realidad no desempeñaran las funciones asociadas con la plaza. Las denuncias que detonaron el caso identificaron 459 movimientos de alta de personal docente cuyos titulares no trabajaban en los planteles asignados.
Después entraban en escena capturistas y personal administrativo. La Fiscalía detectó uso indebido o intercambio de claves del Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal, SIGAP, además de registros vinculados con escuelas inactivas. Otras reconstrucciones del expediente señalan también el uso de la plataforma META4 para procesar movimientos relacionados con la nómina. Varias altas se habrían realizado durante la madrugada y desde diferentes cuentas para dificultar su detección.
La operación necesitaba más que un capturista. Según las indagatorias, mandos medios y directivos permitían que adscripciones y pagos avanzaran pese a documentación incompleta o irregular. La investigación alcanza a personal que trabajó en la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Oficialía Mayor y la actual Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTI.
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Retenían tarjetas y los “falsos docentes” recibían una mínima parte
Una vez autorizado el pago, la plaza comenzaba a generar salario y prestaciones. La Fiscalía sostiene que terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los recursos y después distribuían el dinero entre los integrantes de la estructura. El supuesto docente no necesariamente se quedaba con el sueldo completo: la FGJEM documentó un ejemplo según el cual, por cada 200 mil pesos cobrados, el prestanombre recibía alrededor de 6 mil pesos.
El resto habría terminado entre operadores y personas con mayor peso dentro del esquema. Solo entre enero de 2025 y febrero de 2026, la Fiscalía calcula un perjuicio superior a 96 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 4 millones de pesos por quincena, sin contar únicamente salarios: también aparecen aguinaldos, primas vacacionales, bonos y otras prestaciones.
Algunos investigados habrían utilizado el mecanismo para proteger su propio futuro laboral. El expediente señala casos de personas que se asignaron plazas docentes con salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales y después recurrieron a licencias presuntamente irregulares para conservar antigüedad, derechos laborales o posibilidades de jubilación aunque perdieran un cargo de confianza dentro del gobierno.
164 tarjetas en un cajero dejaron una pista desde 2021
Uno de los antecedentes más llamativos ocurrió el 19 de diciembre de 2021. Juan Alberto “N” fue detenido en un cajero del centro de Toluca con 164 tarjetas de débito pertenecientes a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo. En aquel momento, superiores intentaron justificar que ayudaba a trabajadores con trámites bancarios; la Fiscalía incorporó posteriormente el episodio a la investigación sobre la presunta red.
Las pesquisas también detectaron que la estructura podía sobrevivir a los cambios de personal. Cuando un funcionario dejaba determinado puesto, quien llegaba a sustituirlo podía ser incorporado a la operación; al mismo tiempo, algunos exservidores habrían continuado vinculados con el grupo después de abandonar formalmente sus cargos. Esa continuidad es una de las razones por las que la Fiscalía sitúa el posible funcionamiento del esquema desde 2021.
Así intentaron borrar rastros cuando comenzaron las auditorías
Cuando avanzaron las revisiones internas en febrero de 2026, los involucrados habrían comenzado a recibir instrucciones para cancelar cuentas y negar cualquier relación laboral con el gobierno. La investigación recuperó mensajes en los que se pedía rechazar vínculos con la administración pública ante llamadas, mensajes o visitas de auditores.
El expediente judicial está integrado por 30 tomos y cerca de 12 mil fojas, con entrevistas, inspecciones, peritajes, documentación y evidencia digital. Los delitos atribuidos hasta ahora son fraude y abuso de autoridad, y la responsabilidad de cada persona deberá resolverse individualmente en tribunales bajo el principio de presunción de inocencia.
La investigación todavía puede crecer. Además de los 459 movimientos de alta que originaron las denuncias, la Fiscalía analiza la posible continuidad de conductas desde 2021 y la participación diferenciada de exsubsecretarios, directivos, delegados administrativos, capturistas, reclutadores y particulares. El dato financiero confirmado hasta ahora dentro de la indagatoria se concentra en un periodo de poco más de un año: más de 96 millones de pesos que habrían salido del erario mediante personas que cobraban sin realizar el trabajo por el que aparecían en nómina.
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