Confirman sentencia de 90 años para militares que asesinaron a estudiantes del TEC de Monterrey en 2010

Héctor Velázquez 12 diciembre, 2024

Javier Arredondo y Jorge Mercado fueron asesinados el 19 de marzo de 2010 por elementos castrenses

 ©Pexels/CUARTOSCURO.COM - El asesinato sucedió hace casi 10 años.

Un Tribunal Federal ha confirmado la sentencia de 90 años de prisión impuesta a cinco militares responsables del asesinato de Javier Arredondo y Jorge Mercado, estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Nuevo León.

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones del campus universitario, en Durango, el 19 de marzo de 2010.

El fallo dictado por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, José Reynoso Castillo, fue ratificado por el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito.

Todo esto debido a que existen pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los soldados, las cuales deben ser calificadas como una “ejecución extrajudicial”, según el expediente penal. Esto se debe a que personal castrense mató de forma directa a civiles sin motivos aparentes.

El documento indica que no se trata de que la vida de un estudiante de esa institución tenga más valor que otras, sino que este caso resalta por las circunstancias particulares de las víctimas. Los jóvenes habían dejado a sus familias en otros estados para ir a Monterrey a estudiar, con la expectativa de que su formación contribuyera al desarrollo profesional y social en sus respectivas áreas. Por lo que tal situación debe ser considerada al evaluar la culpabilidad de los responsables y justificar su aumento.

También se señala el hecho de que la confianza en las autoridades de tal institución disminuye debido a que el asesinato fue cometido por oficiales que deberían representar al Ejército Mexicano con actos positivos.

“A lo que se le agrega que el hecho fue cometido por militares, lo que evidentemente hace que disminuya la confianza de la sociedad en dicha institución, la cual debe estar fortalecida por actos que reflejen todo lo contrario, como es su protección. De ahí que la magnitud de la afectación del bien jurídico tutelado ocasionado por los elementos castrenses aumente el grado de culpabilidad”, como lo afirmó el juez, al impactar negativamente en todo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras el asesinato, los responsables intentaron alterar la escena del crimen para ocultar evidencias y truncar la investigación, evitando así ser descubiertos. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que las víctimas jamás fueron calificadas como sicarios ni relacionadas con actividades criminales.