Cronología: Del asesinato de Carlos Manzo al avance del CJNG; así se desató la nueva ola de violencia en Michoacán

El estallido de violencia que Michoacán experimenta desde hace semanas no surgió de la nada. La tensión se venía gestando desde finales de agosto, cuando el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, levantó la voz —una vez más— sobre la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. Su asesinato, el 1 de noviembre, marcó un punto de no retorno en una escalada delictiva que hoy mantiene carreteras bloqueadas, municipios sitiados y una estructura política estatal bajo presión.

Lo ocurrido en Michoacán no es una sucesión aislada de episodios; es una cadena de advertencias, omisiones, violencias y respuestas criminales que se entrelazan en un estado que lleva décadas en la ruta del crimen organizado. Esta es la cronología integrada y explicada que permite entender por qué Uruapan volvió a convertirse en el epicentro nacional de la inseguridad.

Las primeras alertas: la captura de “El Rino” y el temor a una represalia

A finales de agosto, la detención de “El Rino”, identificado por autoridades locales como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, encendió las alertas en el Ayuntamiento. Carlos Manzo no tardó en pedir refuerzos federales y apoyo directo al entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, consciente de que esa captura podría desatar una reacción inmediata.

Aquella advertencia no fue menor: el alcalde denunció que el CJNG operaba con estructuras bien definidas, con un nivel de organización que superaba lo que el municipio podía contener.

Amenazas y denuncias públicas: “No me voy a callar”

Días después, el alcalde confirmó que él y su familia habían recibido amenazas de muerte. Su postura fue desafiante: “No me voy a callar”, dijo en una de sus últimas declaraciones.

A partir de ese momento, su discurso tomó un tono más frontal. Señaló la existencia de centros de entrenamiento criminal y alertó sobre la llegada de extranjeros —colombianos y venezolanos— vinculados a los grupos delictivos. Sus denuncias se multiplicaron, pero no vinieron acompañadas del blindaje institucional que había solicitado.

El asesinato que estremeció a Uruapan

La noche del 1 de noviembre, en pleno Festival de las Velas, Carlos Manzo fue asesinado a tiros frente a cientos de asistentes. El ataque directo, en un evento público, envió un mensaje que aún resuena en Michoacán: el crimen organizado actúa sin temor a la respuesta del Estado.

La indignación provocó protestas en la región y un llamado urgente a la justicia. La viuda del alcalde, Grecia Quiroz, emergió como figura política y social, abrazando el símbolo del sombrero que caracterizó a Manzo y que hoy representa una corriente ciudadana en crecimiento.

Investigación acelerada y dudas por el abatimiento del presunto agresor

Las autoridades informaron que el presunto autor material había sido abatido durante su detención, un hecho que desató dudas entre ciudadanos y organizaciones civiles. La falta de claridad sobre su muerte alimentó sospechas sobre si fue un operativo fallido o un intento por cerrar el caso de manera expedita.

En paralelo, la Auditoría Superior de Michoacán abrió líneas de investigación sobre la administración municipal anterior.

El despliegue federal y el intento de contención

Tras la presión social y mediática, el Gobierno federal envió miles de elementos para reforzar la seguridad en Michoacán. La Secretaría de Gobernación sostuvo reuniones con alcaldes del estado e insistió en trabajar un nuevo plan de pacificación.

Pese a la movilización, los operativos no lograron impedir que los grupos criminales reorganizaran su respuesta.

Un estado bajo fuego: narcobloqueos y reacción del CJNG

El 17 y 18 de noviembre la violencia volvió a desbordarse. Se registraron narcobloqueos en carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en zonas de Uruapan, Apatzingán, Zamora y zonas limítrofes con Guanajuato, incluidas rutas hacia Pénjamo.

Los bloqueos coincidieron con la detención de un diputado local, también llamado Carlos Manzo —sin relación con el alcalde asesinado—, un hecho que la Fiscalía investiga para determinar si existe algún vínculo con la reacción del CJNG.

Para especialistas y fuerzas de seguridad, la simultaneidad de los hechos responde a una estrategia clásica de presión criminal: desestabilizar, colapsar movilidad, generar miedo y mostrar fuerza territorial.

Una crisis con repercusiones políticas

El asesinato de Manzo no solo abrió un expediente criminal; detonó también un reacomodo político. El Movimiento del Sombrero, la corriente fundada por el alcalde, tomó fuerza en encuestas y en movilizaciones, mientras su viuda se convirtió en un referente simbólico contra la violencia en la región.

Las próximas semanas serán determinantes para saber si este movimiento podrá sostenerse más allá del impacto del asesinato, o si se trata de un fenómeno coyuntural alimentado por la indignación social.

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