Diputados aprueban Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 336 votos a favor y 123 en contra, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tiene como objetivo establecer reglas y plazos para la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Se trata de la primera de las leyes secundarias que se incluyen en la controversial Reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron sus posicionamientos sobre los dictámenes a las minutas que reforman y adicionan disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Discusión de la reforma

La diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, destacó la necesidad de votar a favor de las minutas para fortalecer al poder encargado de impartir y administrar justicia en México. Según Benítez, esta reforma busca garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano, eliminando barreras y combatiendo la corrupción. Además, subrayó que es crucial para que los ciudadanos tengan confianza en el proceso que culminará con la elección de 2025.

Alberto Maldonado Chavarín, también de Morena, apoyó la reforma argumentando que establece nuevas reglas claras y precisas para la integración del Poder Judicial, donde los ciudadanos jugarán un rol activo en la elección de jueces y magistrados. Este proceso será organizado por el Instituto Electoral Nacional, lo que garantizará que no estén vinculados a partidos políticos.

Por otro lado, el PAN mostró su desacuerdo con la reforma. El diputado José Guillermo Anaya Llamas afirmó que la propuesta está llena de inconsistencias y no aborda aspectos cruciales del sistema, como la estructura del Ministerio Público y el sistema penitenciario. Su compañera, Paulina Rubio Fernández, argumentó que el proceso de elección está viciado desde su origen, favoreciendo solo a aquellos con poder o dinero.

Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, defendió la reforma, señalando que estas minutas son solo el comienzo de un proceso para adaptar las leyes secundarias del Poder Judicial. Para él, esta legislación busca un sistema judicial que garantice justicia para todos y respalde el régimen republicano.

Desde el PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez enfatizó que la reforma otorga a la ciudadanía el poder de elegir a sus futuros jueces y magistrados, combatiendo el nepotismo. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja agregó que estas reformas abren el Poder Judicial a miles de abogados interesados en servir a la nación.

En contraposición, Emilio Suárez Licona, del PRI, calificó las reformas como un ejercicio de improvisación, argumentando que carecen de seriedad y rigor técnico-jurídico. César Alejandro Domínguez, también del PRI, advirtió que la reforma podría desmantelar el sistema judicial y legal del país, transformando las calles en "lugares sin ley ni derechos".

Finalmente, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de MC, sugirió que las reformas deben incluir exámenes que aseguren que los futuros jueces y magistrados tengan conocimientos sólidos en derecho y cumplan con estándares internacionales.

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