¿Qué cambios propone la Ley de Aguas y por qué genera protestas en varios estados?

La discusión sobre el manejo del agua tomó un rumbo decisivo cuando la iniciativa de Ley General de Aguas, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. El avance legislativo encendió alarma y molestia entre productores agrícolas, quienes comenzaron a organizar bloqueos carreteros y actos de protesta en diferentes estados del país.

Para los manifestantes, este primer aval confirma su temor de que la reforma afecte directamente la operación del campo, en especial la administración de títulos de concesión, el acceso al agua para riego y la estabilidad de comunidades rurales. Transportistas se sumaron al movimiento al considerar que sus actividades dependen del funcionamiento del sector agrícola y del abastecimiento hídrico en las zonas productivas.

La iniciativa enviada el primero de octubre se convirtió en el centro del conflicto entre el Gobierno federal y organizaciones campesinas. Aunque la administración insiste en que la reforma busca garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la rectoría del Estado, los productores aseguran que genera incertidumbre jurídica, limita su margen de operación y modifica prácticas históricas que han sostenido al campo por décadas.

¿Qué propone la nueva Ley General de Aguas?

Las autoridades explican que la iniciativa pretende corregir un modelo que consideran desequilibrado desde los años noventa, cuando el agua comenzó a percibirse como una mercancía y se permitió su transmisión entre privados sin supervisión efectiva.

La Comisión Nacional del Agua sostiene que la reforma busca ordenar el sistema de concesiones, eliminar el mercado informal del agua y regular actividades que actualmente carecen de vigilancia.

Entre los cambios principales destacan los siguientes puntos:

• Un sistema de concesiones más transparente y administrado únicamente por el Estado.

• La creación de delitos hídricos, que sancionarían la extracción ilegal, el desvío de cauces y actos de corrupción en trámites.

• La eliminación de acaparamiento de derechos, limitando su concentración por grandes productores.

• La creación del Registro Nacional del Agua, donde se documentaría cada uso, prórroga o transmisión.

• La actualización de reglas para la captación pluvial y el fortalecimiento de los mecanismos de medición del recurso.

El Gobierno argumenta que estos cambios permitirán equilibrar el acceso al agua, sobre todo en regiones del norte y centro donde el recurso es escaso.

¿Por qué agricultores y transportistas rechazan la reforma?

La primera oposición pública provino de la Confederación Nacional Campesina en Aguascalientes, donde sus dirigentes advirtieron que la reforma podría perjudicar a miles de productores. Entre las inquietudes más mencionadas está la eliminación de la transmisión de derechos de agua, lo que impediría heredar, ceder o mantener concesiones, práctica común en comunidades dedicadas al riego agrícola.

Otra preocupación importante es la modificación del esquema de prórrogas, que podría volverse más complejo y generar menor seguridad jurídica para quienes dependen de estas autorizaciones. También existe temor por la creación de delitos hídricos, ya que actividades tradicionalmente administrativas podrían derivar en procesos penales, algo que el sector considera riesgoso.

Los bloqueos en carreteras reflejan este desacuerdo. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, estas movilizaciones intentan preservar privilegios y evitar que el Estado recupere control sobre el recurso. La mandataria ha recordado que el Gobierno ha invertido en tecnificación de riego y que se solicita a los productores regresar a Conagua el agua que ya no utilizan para destinarla al consumo humano.

En el ámbito legislativo, representantes como Ricardo Monreal han reconocido que la iniciativa requiere ajustes adicionales, especialmente en materia de herencias, concesiones y registros. Los foros de análisis concluyeron el veintiuno de noviembre y el proyecto permanece en revisión antes de su discusión en el Pleno.