¿Dónde están y qué pasó con los altos funcionarios relacionados al caso Ayotzinapa? De EPN a Ángel Aguirre
El caso Ayotzinapa marcó a varios funcionarios de alto nivel; conoce qué ocurrió con ellos tras la desaparición de los 43 normalistas
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, colocó nuevamente al caso Ayotzinapa en el centro de la atención pública y puso bajo análisis el papel de los funcionarios de alto nivel relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la captura de Aguirre Rivero derivó de una nueva etapa de investigación, en la que señaló la posible participación del exgobernador de Guerrero en el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a conocer el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Este nuevo episodio vuelve a poner bajo revisión a los funcionarios relacionados con el caso desde sus primeras etapas. Algunos aparecen por el cargo que desempeñaban durante los hechos, mientras que otros han sido señalados o investigados por autoridades.
Desde el entonces presidente Enrique Peña Nieto hasta funcionarios federales, estatales y municipales de Guerrero, cada uno ha tenido distintos destinos tras la desaparición de los 43 normalistas.
Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, es detenido por el caso Ayotzinapa https://t.co/vlengaagSz
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) August 6, 2026
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Enrique Peña Nieto: el presidente durante la desaparición de los normalistas
Enrique Peña Nieto era presidente de México cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Tras los ataques, el entonces mandatario aseguró que su gobierno trabajaría para esclarecer lo ocurrido y ordenó que la investigación quedara en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam.
En 2015, el gobierno federal presentó la versión conocida como la “verdad histórica”, en la que se afirmó que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales, entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y asesinados en el basurero de Cocula.
Durante su sexenio, Peña Nieto defendió la actuación de su administración y sostuvo que, con la información disponible en ese momento, respaldaba la versión presentada por la entonces PGR. En declaraciones posteriores, calificó la desaparición de los estudiantes como una tragedia y reiteró su respaldo a esa explicación oficial.
Con el paso de los años, esa versión fue cuestionada por familiares de los estudiantes, especialistas y organismos de derechos humanos, quienes señalaron inconsistencias en las investigaciones.
Peña Nieto concluyó su sexenio en 2018. Hasta ahora, no enfrenta una acusación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa. Actualmente reside en España.
Jesús Murillo Karam y la “verdad histórica”
Jesús Murillo Karam era procurador general de la República cuando el gobierno federal asumió la investigación por la desaparición de los estudiantes.
El exfuncionario fue quien presentó la versión oficial conocida como la “verdad histórica” durante una conferencia realizada en enero de 2015.
Años después, las investigaciones sobre la actuación de la PGR durante esa etapa derivaron en nuevas indagatorias.
En agosto de 2022, la FGR detuvo a Murillo Karam por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia derivados de la investigación del caso.
El exprocurador ha rechazado los señalamientos y ha defendido las actuaciones realizadas durante su gestión.
Murillo Karam dejó la prisión preventiva domiciliaria luego de que un juez federal modificó la medida cautelar que se le había impuesto. El 23 de julio, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, determinó cambiar las condiciones al considerar que la medida se había prolongado por más de dos años por causas no atribuibles al exfuncionario.
Actualmente permanece bajo resguardo domiciliario, con brazalete electrónico, tiene prohibido salir de la Ciudad de México y acercarse a las víctimas del caso.
La defensa solicitó la revisión de la medida con base en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece la revisión de la prisión preventiva cuando una persona supera dos años privada de la libertad sin sentencia. También argumentó que su estado de salud requiere atención médica permanente.
Tomás Zerón: investigado y con solicitud de extradición
Tomás Zerón de Lucio dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR durante las primeras investigaciones del caso Ayotzinapa.
Como titular de esa área, participó en diligencias relacionadas con la búsqueda de los estudiantes y la integración del expediente inicial.
Posteriormente, la FGR abrió una investigación en su contra por presuntas irregularidades durante las indagatorias, así como por acusaciones relacionadas con tortura, desaparición forzada y manipulación de pruebas.
Uno de los episodios revisados por las autoridades fue una diligencia realizada en el río San Juan, en Cocula, como parte de las primeras investigaciones.
Zerón salió de México en 2019 y permanece fuera del país. El Gobierno mexicano solicitó su extradición desde Israel para que enfrente los procesos abiertos en su contra.
José Luis Abarca: el alcalde de Iguala
José Luis Abarca Velázquez era presidente municipal de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas.
La noche de los hechos, policías municipales de Iguala y Cocula participaron en los ataques contra los estudiantes y otras personas en distintos puntos del municipio.
Tras la desaparición, Abarca solicitó licencia al cargo y posteriormente permaneció prófugo hasta que fue detenido en noviembre de 2014 en la Ciudad de México junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
Su nombre quedó relacionado con el caso por el cargo que ocupaba durante los hechos y por las investigaciones sobre la actuación de autoridades municipales.
Sin embargo, un tribunal federal confirmó su absolución por el delito relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en ese hecho específico.
Pese a esa resolución, Abarca continúa privado de la libertad debido a otras condenas y procesos judiciales pendientes.
Ángel Aguirre: el gobernador que dejó el cargo tras la crisis por Ayotzinapa
Ángel Aguirre Rivero gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Después de los hechos ocurridos en Iguala, su administración quedó bajo presión política y el 23 de octubre de 2014 solicitó licencia como gobernador.
Durante los años posteriores, Aguirre negó haber participado en la construcción de la versión oficial del caso y rechazó tener responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
Ahora, la Fiscalía General de la República informó que, como parte de un nuevo modelo de investigación, realizó un reanálisis de las actuaciones existentes en el expediente.
La dependencia señaló que los nuevos actos de investigación permitieron acreditar la posible participación de Ángel “N” en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo que solicitó, obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.
La presunta participación del Ejército
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones, los normalistas fueron atacados mientras se trasladaban en autobuses, en hechos donde participaron policías municipales y que dejaron personas fallecidas y heridas.
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la posible participación de integrantes del Ejército mexicano. Familiares de los estudiantes y sus representantes han señalado presuntas omisiones o intervenciones de elementos militares, mientras que autoridades han investigado la actuación de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de los hechos.
El Ejército mexicano ha sostenido que no participó en la desaparición de los normalistas y ha señalado que sus elementos han colaborado con las investigaciones entregando información requerida por las autoridades.
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