EE.UU. va por los bienes de Rocha Moya: buscan decomisar su fortuna y la de 9 funcionarios de Sinaloa
La acusación plantea una ofensiva total contra las finanzas ligadas presuntamente a Los Chapitos
La presión sobre la clase política de Sinaloa escala a un nuevo nivel. El gobierno de Estados Unidos no solo busca procesar penalmente a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, sino también confiscar su patrimonio, en lo que se perfila como una ofensiva directa contra las finanzas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos los bienes, ingresos y propiedades de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios están sujetos a decomiso si se comprueba su relación con actividades ilícitas.
La medida incluye no solo activos directamente vinculados a delitos como tráfico de drogas o armas, sino también cualquier ganancia obtenida de forma indirecta por la supuesta colaboración con la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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El documento judicial establece que los acusados deberán ceder “todos y cada uno de los bienes” derivados de estas actividades, en una estrategia que busca desmantelar completamente la estructura financiera detrás de la presunta red.
Persecución total: sin margen para ocultar activos
Uno de los puntos más relevantes de la acusación es la llamada cláusula de bienes sustitutos, que permite a las autoridades estadounidenses perseguir el patrimonio incluso si los activos originales han sido ocultados, transferidos o vendidos.
Esto significa que, en caso de que los bienes no puedan ser localizados, el gobierno de Estados Unidos podrá reclamar otros activos equivalentes, incluyendo propiedades legales, cuentas bancarias o inversiones.
La disposición busca impedir el uso de prestanombres o mecanismos de ocultamiento, ampliando el alcance del decomiso más allá de los bienes directamente relacionados con los delitos.
¿Quiénes están en la lista de acusados?
La ofensiva no se limita a Rubén Rocha Moya. También incluye a figuras clave de la política y seguridad en Sinaloa, entre ellas el senador Enrique Inzunza Cázares, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
De acuerdo con la acusación, varios de estos funcionarios habrían recibido sobornos de Los Chapitos a cambio de facilitar operaciones de tráfico de drogas, particularmente fentanilo, y garantizar protección institucional.
El documento también menciona a mandos policiales y fiscales que presuntamente integraban una red de protección, con pagos mensuales que iban desde miles hasta más de cien mil dólares.
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Las acusaciones: vínculos con “Los Chapitos”
La acusación del fiscal estadounidense, respaldada por un gran jurado, señala que Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes de Los Chapitos, incluso antes de asumir la gubernatura.
Según el expediente, en esos encuentros se habría comprometido a permitir la operación del grupo criminal en Sinaloa a cambio de apoyo político, lo que derivó —siempre según la acusación— en una red de protección institucional.
Además, se señala que funcionarios cercanos habrían actuado como enlaces entre el gobierno estatal y la organización criminal.
Las fotos incómodas de Rocha Moya con los “Toys”, que resurgen tras acusación de EE.UU. https://t.co/x1yS2bs3y9
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Decomiso de armas y activos ligados a la violencia
El alcance del decomiso no se limita a dinero o propiedades. También incluye armamento, municiones y equipos utilizados en las operaciones delictivas, como fusiles, explosivos y vehículos blindados.
En casos específicos, como el de algunos mandos policiales, la acusación contempla la incautación de bienes vinculados a delitos graves como secuestro, ampliando aún más el impacto de la ofensiva judicial.
La estrategia del gobierno estadounidense refleja un cambio de enfoque: no solo buscar sanciones penales, sino atacar directamente el poder económico de las redes criminales y sus presuntos vínculos políticos.
Mientras la FGR en México analiza la viabilidad de las solicitudes de detención y extradición, el caso entra en una fase donde el dinero, las propiedades y las estructuras financieras se convierten en el principal objetivo.
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