Escuela de Cd. Juárez deberá pagar 21 millones a alumno expulsado tras denuncias de acoso a alumnas
La resolución desató indignación entre familias y directivos del colegio, quienes aseguran que actuaron para proteger a estudiantes
La decisión judicial provocó una fuerte polémica en Chihuahua. Un juez civil determinó que el Instituto Tesla de Ciudad Juárez deberá indemnizar con 21 millones de pesos a un estudiante expulsado luego de múltiples denuncias presentadas por alumnas del plantel, al considerar que la medida afectó su proyecto de vida.
El caso comenzó a generar debate nacional luego de que se conociera que un juez civil de Ciudad Juárez ordenó al Instituto Tesla pagar una indemnización millonaria a un exalumno identificado como Sergio “N”.
La resolución fue emitida por el juez octavo de lo civil, José Chaparro Sánchez, quien concluyó que la expulsión del estudiante le provocó daños relacionados con su desarrollo personal y académico.
De acuerdo con la sentencia, el colegio privado deberá cubrir una indemnización de 21 millones de pesos.
La decisión ocurre en medio de un contexto particularmente delicado, ya que el estudiante había sido señalado en denuncias presentadas desde 2022 por alumnas y familias de la institución.
Las denuncias surgieron desde 2022
Según información expuesta por directivos del plantel, más de veinte alumnas reportaron conductas inapropiadas relacionadas con presuntos tocamientos, interacciones íntimas no consentidas, solicitudes de contenido privado y agresiones físicas.
Los señalamientos fueron presentados ante instancias educativas, la Fiscalía de la Mujer y autoridades de protección infantil.
La subdirectora del Instituto Tesla, Ámbar Nafarrate Salomón, aseguró que la escuela entregó testimonios, documentos y material audiovisual durante el proceso.
“Son horas de videos, testimonios y documentos que fueron entregados a las autoridades”, explicó.
La directiva afirmó además que incluso una menor declaró ante autoridades con acompañamiento psicológico.
El colegio asegura que actuó para proteger a estudiantes
Tras conocerse la resolución judicial, la directora del Instituto Tesla, Verónica Súchil Peña, expresó preocupación por las implicaciones que el fallo podría generar para otras escuelas.
La directiva sostuvo que el colegio actuó bajo su responsabilidad de proteger a estudiantes ante denuncias relacionadas con violencia y conductas que consideraron de riesgo.
Según explicó, la resolución podría enviar un mensaje delicado para instituciones educativas que toman decisiones preventivas ante reportes realizados por alumnas y familias.
El caso también generó inquietud entre padres de familia del plantel, quienes cuestionaron que una escuela pueda enfrentar consecuencias económicas millonarias después de intervenir ante denuncias de estudiantes.
Padres de familia cuestionan el fallo judicial
La sentencia provocó reacciones de molestia entre familias vinculadas al colegio.
Ana Luisa Zavala, madre de familia, cuestionó públicamente la decisión del juez y expresó preocupación por el impacto que podría tener el caso.
“¿Cómo puede ser que un juez dé un fallo a favor de una persona que tiene tantas denuncias?”, declaró.
Las familias consideran que la resolución podría desincentivar a instituciones educativas a actuar cuando existan reportes relacionados con conductas inapropiadas dentro de escuelas.
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La Secretaría de Educación también intervino
Autoridades educativas de Chihuahua confirmaron que el caso fue canalizado desde 2022 ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer.
El subsecretario de Educación estatal, Roberto Naya, señaló que la dependencia presentó formalmente la documentación correspondiente para que las autoridades ministeriales realizaran las investigaciones.
“A partir de ahí termina nuestra injerencia”, explicó.
Hasta ahora no se ha informado públicamente sobre una resolución penal definitiva relacionada con las denuncias presentadas contra el estudiante.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) June 2, 2026
El colegio privado cuenta con plazo hasta el próximo 11 de junio para presentar una apelación contra la resolución emitida por el juez civil.
Mientras tanto, el caso sigue provocando debate en redes sociales y entre especialistas jurídicos y educativos debido a las implicaciones que podría tener para otros planteles privados y públicos del país.
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