Explosión en Tlahuelilpan: CNDH determina que tecnología de Pemex es obsoleta para detectar toma clandestinas
Exige reparación integral, remediación ambiental y modernización de ductos
A seis años de la explosión en una toma clandestina de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el siniestro fue producto de fallas estructurales, falta de mantenimiento, uso de tecnología obsoleta, y una actuación deficiente de autoridades de los tres niveles de gobierno.
El estallido, ocurrido el 18 de enero de 2019, provocó la muerte de 138 personas, entre ellas 13 adolescentes y 10 mujeres, y dejó múltiples heridos, además de daños ambientales irreversibles.
En su informe especial, el organismo nacional atribuyó responsabilidad directa a Pemex, a las fuerzas armadas, y a los gobiernos federal, estatal y municipal por omisiones en la prevención, atención y reparación del siniestro.
“Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y de los riesgos que implica el manejo inadecuado de hidrocarburos”, apuntó el informe, al tiempo que denunció una falta de debida diligencia por parte de la empresa estatal.
La CNDH detectó que la tecnología usada por Pemex para detectar tomas clandestinas es obsoleta e incompleta, lo que ha facilitado la extracción ilegal de combustibles y la exposición de comunidades enteras a tragedias como la ocurrida en Tlahuelilpan.
Fallas estructurales y contexto de pobreza
El informe resalta que la tragedia no fue un hecho aislado, sino el resultado de un contexto socioeconómico complejo. Tlahuelilpan es una zona con fuerte presencia indígena, altos niveles de pobreza y escasas oportunidades laborales, lo que la convierte en un punto vulnerable para actividades ilícitas como la ordeña de ductos.
La CNDH detalla que el día del incidente hubo una concentración masiva de personas que inhalaron vapores tóxicos, lo que alteró su percepción y dificultó su evacuación.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectaron inicialmente a menos de una decena de personas, pero el número escaló a más de 800 en cuestión de minutos. El ducto, a pesar de haber sido cerrado, continuó expulsando combustible por presión residual, lo que desató el incendio de gran magnitud.
Aunque el Estado movilizó recursos y personal de múltiples instituciones como Pemex, Sedena, CFE, Semar y la Secretaría de Salud, el costo de la emergencia ascendió a más de 85 millones de pesos. Sin embargo, la CNDH subraya que las medidas adoptadas fueron reactivas y no preventivas, con una evidente falta de protocolos claros para gestionar eventos con presencia masiva de civiles.
Fallas en tecnología, reparación y medio ambiente
La Comisión denuncia que la infraestructura de Pemex carece de mantenimiento adecuado y que el sistema SCADA de monitoreo no cubre toda la red, lo que obliga a inspecciones manuales. La Norma Oficial Mexicana aplicable había perdido vigencia, y los recursos técnicos y humanos son insuficientes. Por ello, propuso a Pemex modernizar urgentemente sus procesos, adaptar sus operaciones a estándares internacionales, e incorporar medidas de debida diligencia en materia de derechos humanos.
La CNDH también documentó violaciones a los derechos a la salud, al medio ambiente y al interés superior de la niñez. Destacó que a seis años del suceso, no se han ofrecido mecanismos claros de reparación integral. Además, las víctimas han sido estigmatizadas, mientras que los daños ambientales persisten: se han registrado concentraciones de hidrocarburos por encima de los niveles permitidos en el agua y suelo.
El organismo lamentó que ninguna autoridad —ni federal, ni estatal ni municipal— haya consultado o informado a las comunidades afectadas sobre acciones de remediación, incumpliendo con su obligación de prevenir y mitigar la degradación ambiental. Exhortó a establecer un programa integral de reparación y remediación con participación ciudadana.
Propuestas de la CNDH y exigencias a Pemex
Entre las recomendaciones, la CNDH propuso crear un programa coordinado de remediación ambiental y atención integral a víctimas, que incluya atención médica, psicológica y terapéutica, medidas de no repetición y dignificación de los afectados. También propuso campañas de sensibilización sobre los riesgos del robo de hidrocarburos, protocolos de actuación ante emergencias y programas de legalidad en comunidades vulnerables.
A Pemex se le exhorta a garantizar atención médica y psicológica a las 13 personas lesionadas que sobrevivieron, previa valoración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como a incrementar recursos para la vigilancia y protección de su red de ductos. Asimismo, debe someter el poliducto Poza Rica-Cima de Togo-Azcapotzalco a evaluación de impacto ambiental, y adoptar procesos internos de debida diligencia en derechos humanos.
La CNDH también instó al Estado a formular marcos jurídicos que obliguen a las empresas estatales a cumplir estándares en derechos humanos, y a coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la identificación y sanción de responsables, además de buscar el resarcimiento económico de los daños.
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