¿Extradición de García Luna y su esposa a México? Todos los detalles
Estados Unidos estaría en la obligación de enviar a García Luna a México cuando abandone la cárcel
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, anunció este viernes 18 de octubre que se procederá con la solicitud de extradición de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, para enfrentar cargos pendientes en México. Aunque el exsecretario de Seguridad Pública cumple una sentencia en Estados Unidos, los procesos en su contra siguen abiertos en territorio mexicano.
García Luna: Proceso penal abierto en México
Según Pablo Gómez, la situación legal de García Luna no ha concluido en México, lo que justifica la petición de extradición cuando termine su condena en Estados Unidos. Gómez explicó:
"¿Qué procede? Solicitar la extradición, solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y, en ese momento, se aplica la extradición. El gobierno de Estados Unidos estaría en la obligación de enviarlo a México cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla”.
¿Qué implicaciones tiene la solicitud de extradición?
Esta medida busca asegurar que tanto García Luna como Pereyra enfrenten la justicia en México por los siguientes motivos:
Garantizar que enfrenten las acusaciones en su país.
Prevenir cualquier intento de eludir la justicia tras la condena del exfuncionario en EU.
Apoyar las investigaciones que lideran la Fiscalía General de la República (FGR).
Cargos en México contra la esposa de García Luna
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, detalló que los cargos en México son amplios y no dependen de la sentencia en EU. En el caso de Linda Cristina Pereyra, está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una orden de aprehensión vigente y un proceso abierto.
En 2019, se congelaron las cuentas bancarias de Pereyra, aunque más tarde fueron desbloqueadas por un mandato judicial. Sin embargo, sigue involucrada en una red de defraudación y lavado de dinero, que presuntamente desvió más de 700 millones de dólares de fondos públicos hacia una red empresarial.