¿La FGR cateó a la empresa equivocada? La supuesta confusión entre Gas Natural del Noroeste y Gas del Noreste

Una posible confusión entre los nombres de dos empresas abrió una nueva interrogante sobre el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en San José Iturbide, Guanajuato. Reportes atribuidos a fuentes de la propia Fiscalía señalan que la orden de cateo habría estado relacionada con Gas del Noreste y no con Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA y operadora de la terminal intervenida. Sin embargo, la FGR no ha confirmado públicamente que haya cometido un error y mantiene abierta la investigación sobre el origen y la legalidad del combustible.

Lo que inicialmente fue presentado como uno de los mayores aseguramientos de combustible de los últimos años terminó abriendo una serie de preguntas. El caso comenzó formalmente meses antes del operativo en las instalaciones de Gas Natural del Noroeste, propiedad de Grupo SIMSA.

De acuerdo con la FGR, la investigación se inició el 3 de julio de 2026, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Según la Fiscalía, la persona no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo. A partir de esa detención se realizaron distintas diligencias y técnicas de investigación que condujeron a cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, un inmueble de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, una instalación en San José Iturbide.

Fue en este último punto donde el caso tomó otra dimensión.

¿Qué encontró la FGR en San José Iturbide?

En la terminal ubicada en San José Iturbide, las autoridades localizaron más de 59 millones de litros de hidrocarburos distribuidos en diez tanques.

De acuerdo con la información difundida tras el operativo, se contabilizaron 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, fue el primero en informar sobre el aseguramiento. Horas después, la FGR confirmó el hallazgo.

En su comunicado del 17 de septiembre, la Fiscalía señaló que no se había acreditado el origen del hidrocarburo, por lo que continuaría con las investigaciones.

Dos días después, la propia institución precisó que no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acreditara de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible.

Debido a la complejidad del expediente, la titular de la FGR ordenó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la carpeta de investigación.

Pero mientras avanzaba la revisión documental surgió otra versión que modificó el centro de la discusión.

¿La orden de cateo era contra Gas del Noreste y no contra Gas Natural del Noroeste?

Reportes periodísticos atribuidos a fuentes de la Fiscalía sostienen que la orden de cateo no habría estado dirigida contra Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA que opera la terminal intervenida.

La orden, según esas versiones, habría estado relacionada con una empresa de nombre similar: Gas del Noreste, la cual presuntamente no tendría registro ante las instancias correspondientes del gobierno.

La similitud entre ambos nombres abrió la hipótesis de una posible confusión durante la investigación.

Otra versión difundida por Radio Fórmula, a partir de declaraciones del periodista Jesús Padilla, señala que la indagatoria se habría originado con la revisión de una pipa que no contaba con documentación y que posteriormente las diligencias condujeron a una empresa distinta.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre estas versiones periodísticas y lo establecido oficialmente: la FGR no ha reconocido públicamente que haya cateado una empresa por error.

Su versión institucional sostiene que el cateo de San José Iturbide fue autorizado judicialmente con base en diversos indicios sobre posibles irregularidades.

Por ello, hasta que la Fiscalía explique el alcance de la orden judicial y concluya la investigación, la supuesta confusión entre las dos compañías permanece como una versión bajo escrutinio y no como un error oficialmente reconocido.

¿Los 59 millones de litros eran huachicol fiscal?

Esa pregunta tampoco tiene todavía una respuesta definitiva.

Fuentes de la FGR citadas por La Jornada señalaron que “todo parece indicar” que los 59 millones de litros no serían huachicol fiscal. Esa información, sin embargo, no constituye una resolución oficial de la investigación.

La postura institucional de la Fiscalía continúa siendo que debe determinarse la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.

Es decir, el hecho de que la terminal tenga permisos para operar no resuelve por sí mismo la investigación sobre el origen de cada uno de los combustibles almacenados en ella.

Sheinbaum dice que el caso todavía no está cerrado

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este jueves 24 de septiembre que la investigación continúa y que la FGR todavía revisa los permisos relacionados con el combustible.

“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tiene esta empresa y ya tendría que informarlo en su momento la Fiscalía”, respondió durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo que mientras no termine la revisión de la documentación no puede establecerse definitivamente si el combustible era legal o si existía alguna irregularidad.

Ya el 21 de septiembre había señalado que correspondía a la FGR explicar el aseguramiento y determinar si existió una operación ilegal.

Grupo SIMSA rechaza que su operación sea ilegal

Frente a los señalamientos, Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, defendió la legalidad de su terminal y aseguró que el combustible almacenado pertenece a sus clientes.

La compañía sostuvo que lleva nueve años operando la instalación mediante el Permiso de Almacenamiento de Petrolíferos PL/19344/ALM/2016, con vigencia de 30 años, además de las modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020.

También señaló contar con las autorizaciones ambientales y de seguridad industrial ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y ASEA/UGI/DGGPI/2835/2019, además del permiso ferroviario SCT.6.11.413.-153/2018.

En los ámbitos estatal y municipal, la empresa afirmó disponer de permiso de uso de suelo, licencia de funcionamiento y vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

Según su versión, la terminal presta un servicio de almacenamiento a terceros y las empresas usuarias deben acreditar la propiedad, procedencia legítima y calidad de los petrolíferos.

Grupo SIMSA aseguró que entregó a las autoridades la documentación relacionada tanto con la operación de la terminal como con las empresas que utilizan sus instalaciones. La FGR, por su parte, sostiene que no todas las compañías relacionadas habían acreditado de forma completa la licitud del combustible, razón por la cual las diligencias continúan.

La planta volvió a operar tras el aseguramiento

Otro elemento que generó dudas sobre el caso fue que, después del despliegue de autoridades y el aseguramiento anunciado, la planta de Gas Natural del Noroeste retomó sus operaciones.

Esto ocurrió mientras la FGR continuaba revisando permisos, pedimentos de importación y documentación relacionada con la procedencia del combustible.

La empresa también aseguró tener autorización para almacenar hasta 100 millones de litros de hidrocarburos en sus instalaciones.

La continuidad de las operaciones, sin embargo, tampoco determina por sí misma la legalidad de los 59 millones de litros investigados.

¿Qué pasó con el delegado de la FGR en Guanajuato?

En medio de las dudas sobre el operativo también trascendió la salida de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato.

Fuentes de la Fiscalía citadas por La Jornada señalaron que Vera Ayala fue cesado a raíz del operativo y que Norma Quevedo Vázquez podría sustituirlo.

Otros reportes presentan una versión distinta: Radio Fórmula informó este 24 de septiembre que Vera Ayala habría renunciado y que el propio funcionario habría relacionado su salida con el caso, aunque sin explicar públicamente las razones de fondo.

Hasta ahora, la FGR no ha publicado una explicación institucional que permita establecer de manera definitiva si fue cesado o renunció, ni ha confirmado que su salida sea consecuencia de un supuesto error en el cateo.

Sheinbaum tampoco aclaró durante su conferencia las versiones sobre la salida del funcionario.

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Gas Natural del Noroeste acumula contratos públicos

La empresa intervenida también mantiene una relación contractual de años con distintas instituciones públicas.

De acuerdo con una revisión de El Universal, Gas Natural del Noroeste acumula contratos públicos por al menos 284 millones 215 mil 477 pesos entre 2012 y 2025.

Los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y Compras MX incluyen contratos para el abastecimiento de gas natural a hospitales del ISSSTE y del IMSS, además de proyectos vinculados con la CFE y gobiernos estatales.

Entre 2018 y 2025, las dependencias públicas otorgaron a la compañía contratos por 8 millones 734 mil 640 pesos.

El ISSSTE celebró 14 contratos por 6 millones 428 mil 419 pesos para suministrar gas a unidades como la Clínica-Hospital de Gómez Palacio y el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia.

En 2020 aparecen cuatro contratos por 12 mil pesos con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones de Sonora, y para 2023 existen otros dos registros por 79 mil 51 pesos cada uno.

En 2022, la CFE contrató a la compañía por 559 mil 889 pesos para realizar un estudio de interferencias electromagnéticas sobre la red de ductos de acero en Navojoa.

Dos años después, el Sistema de Caminos de Nuevo León registró una operación por un millón 201 mil 763 pesos para la instalación de tubería de acero para gas y otra por 338 mil 466 pesos relacionada con instalaciones subterráneas para suministro de gas natural en la carretera Monterrey-Laredo.

El punto que todavía debe aclarar la FGR

El caso de los 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide permanece abierto y enfrenta dos preguntas distintas que no deben confundirse.

1. La primera es si la gasolina y el diésel almacenados tenían procedencia legal y trazabilidad fiscal completa. La FGR continúa revisando esa documentación y todavía no ha emitido una conclusión definitiva.

2. La segunda es si el cateo terminó ejecutándose contra una empresa distinta a la contemplada originalmente en la investigación debido a la similitud entre Gas del Noreste y Gas Natural del Noroeste.

Esa hipótesis aparece en reportes atribuidos a fuentes de la Fiscalía, pero no ha sido reconocida oficialmente por la FGR.

Por ahora, el llamado “megadecomiso” permanece bajo investigación: no está confirmado que los 59 millones de litros sean huachicol fiscal, pero tampoco existe una resolución oficial que cierre el expediente o determine que todo el combustible es legal

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