El golpe que se le volteó a la FGR: 59 millones de litros que todavía investiga, ¿se precipitó al hablar de huachicol?

Metzli Escalante 21 septiembre, 2026

No sería la primera investigación de gran escala por huachicol fiscal: Aseguraron 59 millones de litros, pero aún investigan si eran ilegales

 ©Especial. - Harfuch, Sheinbaum y Ernestina Godoy.

El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, fue presentado inicialmente como un golpe de gran magnitud contra el comercio ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, días después permanece abierta una pregunta fundamental: ¿qué parte de ese combustible, si alguna lo es, es ilegal?

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación para determinar el origen, manejo y destino de los hidrocarburos. Mientras tanto, Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, sostiene que la operación de la terminal donde fueron localizados es lícita y verificable. La FGR, por su parte, ha informado que las empresas vinculadas todavía no han entregado la totalidad de la documentación necesaria para acreditar la legalidad del combustible.

La controversia llegó este 21 de septiembre de 2026 a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien evitó adelantar una conclusión y señaló que corresponde a la Fiscalía explicar qué elementos llevaron al aseguramiento y determinar si existía alguna actividad ilegal.

El punto central del caso está precisamente ahí: asegurar combustible cuyo origen está bajo investigación no equivale, por sí mismo, a demostrar que los 59 millones de litros sean huachicol.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los 59 millones de litros asegurados en Guanajuato?

Interrogada sobre el caso durante su conferencia de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR transparentar las razones del operativo y sus resultados.

“La Fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades, o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar”.

La mandataria explicó que el operativo fue coordinado por la representación de la FGR en Guanajuato y defendió que sea la propia institución la encargada de comunicar los avances, debido a su autonomía.

La postura llega después de que la empresa relacionada con la terminal rechazara irregularidades y defendiera la legalidad de sus operaciones.

¿Qué encontraron en San José Iturbide?

El 17 de septiembre se informó del aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos almacenados en diez tanques en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, San José Iturbide.

Además de los tanques, durante la diligencia fueron aseguradas unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. La orden de cateo fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato.

De acuerdo con la información proporcionada posteriormente, el combustible estaba compuesto por aproximadamente 33 millones de litros de gasolina regular, más de 7.2 millones de litros de gasolina premium y más de 18.2 millones de litros de diésel.

El problema surgió con la manera en que comenzó a difundirse el hallazgo.

El caso fue presentado como un gran golpe contra el comercio ilegal de hidrocarburos y distintos reportes llegaron a referirse a los 59 millones de litros como huachicol. Sin embargo, la investigación sobre la procedencia y legalidad del combustible todavía no ha concluido.

Aseguramiento no significa que los 59 millones de litros sean huachicol

Esta distinción es fundamental para entender la controversia.

Una cosa es asegurar 59 millones de litros mientras se comprueba su procedencia y otra afirmar que se decomisaron 59 millones de litros de combustible ilegal.

La FGR informó que las empresas relacionadas no habían presentado la totalidad de la documentación necesaria para acreditar la legalidad del origen, manejo y destino de los derivados del petróleo.

Eso mantiene abierta la investigación, pero tampoco permite concluir todavía que la totalidad de los hidrocarburos sea ilegal.

De hecho, el propio comunicado inicial del gobierno de Guanajuato se refirió a lo localizado como “presunto hidrocarburo” y señaló que el cateo formaba parte de una investigación por posibles delitos relacionados con su almacenamiento, distribución y otras operaciones.

¿Por qué la FGR llegó hasta los 59 millones de litros?

La investigación comenzó el 3 de julio de 2026, cuando fue asegurada una pipa y detenida una persona que presuntamente descargaba combustible en una gasolinera de San Luis de la Paz.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, no se pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo transportado.

Ese episodio abrió una investigación que llevó posteriormente a otras diligencias y cateos en inmuebles de San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San José Iturbide, hasta llegar a la terminal de La Fragua.

Es decir, había una investigación previa que justificó seguir la ruta del combustible. Lo que todavía debe determinarse es si los hidrocarburos encontrados posteriormente en la terminal comparten un origen ilícito.

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La terminal no era clandestina

Otro de los elementos que cambió la lectura inicial del caso fue la identidad del lugar donde estaban almacenados los hidrocarburos.

La terminal es operada por Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, y no se trataba de una instalación clandestina.

La empresa sostiene que su operación es legal, está regulada y supervisada por autoridades federales, estatales y municipales, además de señalar que cuenta con permisos para almacenar hasta 100 millones de litros.

Según la postura incluida en el texto, la compañía afirma además que cuenta desde 2016 con un permiso federal para almacenar petrolíferos durante 30 años.

La existencia de permisos para operar la terminal, sin embargo, tampoco resuelve por sí sola la investigación sobre la procedencia del combustible almacenado.

Grupo SIMSA asegura que el combustible no es suyo

Aquí aparece una de las preguntas más importantes de toda la investigación: ¿de quién son los 59 millones de litros?

Grupo SIMSA sostiene que la terminal presta servicios de almacenamiento a terceros y que el combustible localizado no necesariamente pertenece a la compañía.

Si se trata de producto de terceros, la investigación tendrá que reconstruir su trazabilidad mediante contratos, facturas, pedimentos aduanales y registros de entradas y salidas, para establecer quién adquirió el combustible, quién lo transportó, de dónde procedía y cómo llegó a La Fragua.

La FGR ha informado que entrevista a directivos de la empresa vinculada con el predio para verificar aspectos relacionados con la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los hidrocarburos.

 ©Especial. - Grupo SIMSA.

¿Por qué la FEMDO atrajo el caso?

Ante la magnitud y complejidad de la investigación, la fiscal general Ernestina Godoy instruyó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la carpeta.

La investigación contempla la posible comisión de delitos relacionados con hidrocarburos y cuestiones fiscales.

Ahora deberá determinarse si existió combustible robado, contrabando, huachicol fiscal u otros delitos, además de establecer la propiedad y trazabilidad de lo localizado.

¿Se precipitó la FGR con el caso de los 59 millones de litros?

Con la información disponible, todavía no puede concluirse que el aseguramiento haya sido un error, porque la investigación permanece abierta y la FGR sostiene que falta documentación para acreditar la legalidad de la totalidad del combustible.

Tampoco puede afirmarse que los 59 millones de litros sean ilegales.

Ahí radica la diferencia entre la actuación ministerial y la narrativa que rodeó inicialmente el operativo: investigar y asegurar preventivamente el combustible mientras se acredita su procedencia es distinto a presentar como demostrado que todo el producto es huachicol.

Incluso Sheinbaum había señalado desde el 18 de septiembre que la investigación no estaba terminada y que la Fiscalía seguía la ruta para determinar de dónde provenía el combustible y hacia dónde se dirigía.

No sería la primera investigación de gran escala por huachicol fiscal

El caso de Guanajuato se suma a otras investigaciones de gran magnitud relacionadas con el tráfico y contrabando de hidrocarburos.

Hay dos redes detectadas durante el último año y medio: una descubierta el 19 de marzo de 2025, relacionada con combustible introducido vía marítima desde Texas, Estados Unidos, y otra detectada el 7 de julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, mediante ferrotanques.

También se señala un expediente de marzo de 2026 relacionado con 28.7 millones de litros de diésel y un daño al erario calculado en 173 millones de pesos, en el que un tribunal federal revocó la vinculación a proceso del propietario de Impulsora de Productos Sustentables por una omisión en la notificación a la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Asimismo, el caso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, cuya actuación y relación empresarial con una investigación por combustible fueron objeto de cuestionamientos y señalamientos encontrados. Las interpretaciones sobre supuestos errores de la Fiscalía en estos expedientes corresponden a críticos y analistas citados en el material y no constituyen, por sí mismas, conclusiones judiciales.

ACERCA DEL TEMA:

Las preguntas que la FGR todavía debe responder

El caso de Guanajuato permanece abierto y su desenlace dependerá de la documentación y las pruebas que reúna la FEMDO.

La investigación tendrá que establecer quién es propietario de los 59 millones de litros, quién los compró, cuál fue su origen, quién los transportó, cuál era su destino y qué parte (si alguna) proviene de una actividad ilícita.

También permanece pendiente aclarar la propiedad de la terminal, los tanques y el combustible, ante las distintas versiones que han circulado alrededor del complejo.

Por ahora, el dato comprobable es que 59 millones de litros fueron asegurados y su trazabilidad está bajo investigación. La FGR todavía tiene que demostrar si detrás de esa enorme cantidad de combustible existe una red delictiva y, sobre todo, cuánto del hidrocarburo asegurado puede acreditarse finalmente como ilegal.

Esa diferencia será la que determine si el operativo termina consolidándose como un golpe contra el huachicol o si el verdadero problema estuvo en haber presentado demasiado pronto como una certeza lo que todavía estaba por probarse.

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