¿Guadalupe Taddei podría terminar en prisión? La ruta judicial que prepara Sheinbaum contra la expresidenta del INE
La administración de Sheinbaum buscaría que las denuncias contra Taddei avancen hasta determinar posibles responsabilidades penales
Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), podría enfrentar un proceso penal que eventualmente la llevaría a prisión, luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum optara por impulsar la vía judicial para investigar la presunta red de corrupción relacionada con contratos millonarios del organismo electoral. La estrategia contempla acelerar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y descartar, por ahora, un juicio político.
La administración de Sheinbaum buscaría que las denuncias contra Taddei avancen hasta determinar posibles responsabilidades penales. Esta decisión también respondería al interés de evitar que el escándalo genere un mayor desgaste político para Morena rumbo a las elecciones de 2027.
La situación judicial de la exfuncionaria se complicó después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo de cuentas bancarias de 40 personas y empresas presuntamente relacionadas con irregularidades en contrataciones del INE. Entre los afectados se encontraría Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre, tras una serie de revelaciones sobre sus vínculos con proveedores electorales.
La Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia ante la FGR, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene investigaciones sobre contratos otorgados a empresas proveedoras. Sin embargo, ninguna de estas acciones significa que exista una orden de aprehensión o una sentencia contra la exconsejera.
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¿Por qué Guadalupe Taddei podría ir a prisión?
Las investigaciones se concentran en una presunta red de corrupción relacionada con contratos del INE y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como uno de los principales beneficiarios de las adjudicaciones bajo sospecha.
En las últimas semanas se difundieron grabaciones en las que presuntamente aparecen Taddei y Hernández Casillas hablando sobre ganancias millonarias relacionadas con contratos del organismo electoral. También surgieron señalamientos sobre viajes de lujo para familiares de la exfuncionaria y posibles acuerdos irregulares con proveedores.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por Alejandro Moreno, presentó una denuncia penal contra Taddei y otros involucrados por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Estas acusaciones deberán ser investigadas por la Fiscalía antes de determinar si existen elementos suficientes para proceder judicialmente.
Por su parte, los consejeros del INE acordaron presentar una denuncia para investigar posibles conductas delictivas cometidas durante la administración de Taddei. Las investigaciones podrían alcanzar a funcionarios y exfuncionarios de diferentes niveles administrativos.
¿Cuál es la ruta judicial que prepara Claudia Sheinbaum contra Guadalupe Taddei?
La estrategia atribuida a Palacio Nacional consiste en descartar el juicio político y privilegiar las investigaciones penales para determinar si Taddei y otros involucrados deben enfrentar a la justicia.
La ruta contempla aprovechar las denuncias de la UIF, las investigaciones de la ASF y las acciones legales del propio INE para reunir elementos que permitan a la Fiscalía determinar posibles responsabilidades.
Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que primero deben realizarse auditorías y, si se detectan conductas delictivas, corresponde a la FGR investigarlas. La mandataria ha insistido en que las responsabilidades deben determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Guadalupe Taddei no tiene una condena ni se ha confirmado una orden de captura en su contra. Para que pudiera recibir una pena de prisión, sería necesario acreditar su responsabilidad penal mediante un proceso judicial.
La posibilidad de que la exconsejera termine en la cárcel dependerá de las pruebas obtenidas, las decisiones de la Fiscalía y las resoluciones de los tribunales, mientras el escándalo continúa creciendo a pocos meses del proceso electoral de 2027.
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