FGR cita a comparecer a Rocha Moya y a 9 funcionarios señalados por EE.UU. por presuntos nexos con el narco

La Fiscalía General de la República (FGR) citó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y exfuncionarios estatales mencionados en investigaciones de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida este viernes, las comparecencias forman parte de las líneas de investigación abiertas por la autoridad federal mexicana luego de las acusaciones reveladas recientemente desde territorio estadounidense.

El citatorio fue entregado al mandatario con licencia durante el mediodía y forma parte de una serie de diligencias ministeriales que buscan integrar declaraciones y testimonios relacionados con el caso. La investigación ocurre en medio de un escenario de tensión política y diplomática derivado de las acusaciones contra integrantes de la administración estatal sinaloense.

Además de Rocha Moya, las autoridades federales también llamaron a rendir entrevista a otros funcionarios relacionados con el gobierno estatal y administraciones municipales de Sinaloa. Entre los nombres señalados públicamente se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador morenista Enrique Inzunza.

Las investigaciones iniciadas por la FGR se producen después de que autoridades estadounidenses señalaran a diez funcionarios mexicanos por presuntos nexos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Aunque hasta ahora no se han dado a conocer imputaciones formales en México contra los involucrados, la Fiscalía abrió expedientes para recabar información y desarrollar los respectivos planes de investigación.

Investigación de la FGR avanza tras acusaciones de Estados Unidos

La situación provocó un nuevo episodio de presión política en Sinaloa luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia para separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones. La decisión fue anunciada días después de que se difundieran las acusaciones provenientes de Estados Unidos, donde autoridades federales mantienen abiertas indagatorias relacionadas con presuntas operaciones financieras y vínculos con integrantes del crimen organizado.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo revisión a varias empresas presuntamente ligadas al entorno político y financiero del mandatario con licencia, en una investigación que también busca rastrear movimientos de recursos y posibles operaciones irregulares.

El caso también tomó relevancia luego de que dos exfuncionarios de la administración sinaloense se entregaran voluntariamente ante autoridades estadounidenses. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Ambos nombres comenzaron a figurar dentro de las investigaciones abiertas por agencias de Estados Unidos relacionadas con presuntas operaciones vinculadas al narcotráfico.

Mientras tanto, el Gobierno de México sostuvo que las solicitudes realizadas desde territorio estadounidense no corresponden a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para ejecutar detenciones urgentes contra los señalados.

Gobierno federal descarta proceso de extradición inmediato

La citación realizada por la FGR forma parte de las diligencias ministeriales iniciadas después de que autoridades estadounidenses hicieran públicos señalamientos contra funcionarios sinaloenses. Aunque la Fiscalía mexicana no detalló el contenido específico de las entrevistas, confirmó que las comparecencias buscan fortalecer las líneas de investigación abiertas en torno al caso. Las autoridades federales analizan información financiera, testimonios y antecedentes relacionados con los nombres señalados en las acusaciones.

En paralelo, la UIF mantiene investigaciones sobre al menos siete empresas relacionadas con personas cercanas al entorno político de Rocha Moya. De acuerdo con reportes preliminares, las revisiones buscan detectar posibles irregularidades financieras o movimientos de recursos que pudieran estar vinculados con operaciones ilícitas. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado sobre aseguramientos, órdenes de aprehensión o bloqueos oficiales derivados de estas investigaciones.

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