Gerardo Mérida testificará el 1 de junio en Nueva York; es el primer exfuncionario de Sinaloa acusado por EE.UU. en comparecer

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá el próximo 1 de junio de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en un proceso relacionado con las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos vinculados con narcotráfico y tráfico de armas.

La audiencia fue programada para las 12:00 horas y marcará un momento relevante dentro del caso que involucra a varios exfuncionarios y servidores públicos sinaloenses señalados por el gobierno estadounidense. La comparecencia ocurre semanas después de que Mérida Sánchez se pusiera a disposición de las autoridades de ese país para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales, la notificación sobre la audiencia fue remitida a la jueza Katherine Polk Failla por parte de la fiscalía federal encargada del caso. El procedimiento permitirá conocer los siguientes pasos legales que enfrentará el exfuncionario mexicano dentro del sistema judicial estadounidense.

Hasta ahora, las autoridades norteamericanas han sostenido señalamientos relacionados con supuestos actos de corrupción y posibles vínculos con organizaciones criminales que operan en territorio mexicano, acusaciones que forman parte de una investigación más amplia desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caso involucra a otros nueve funcionarios señalados por Estados Unidos

Su caso forma parte de una lista de diez personas señaladas por las autoridades estadounidenses, entre ellas exfuncionarios estatales, mandos policiales y figuras políticas que desempeñaron distintos cargos dentro de la administración pública sinaloense. La audiencia permitirá conocer la postura procesal que asumirá el exsecretario frente a los cargos que se le atribuyen.

Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo en la zona fronteriza de Nogales, Arizona. Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Su decisión de presentarse ante las autoridades estadounidenses lo colocó como el primer acusado de este grupo en quedar formalmente sujeto a la jurisdicción de los tribunales federales de ese país.

Además de Gerardo Mérida, las acusaciones estadounidenses incluyen a otros exfuncionarios y servidores públicos de Sinaloa. Entre los nombres mencionados por las autoridades norteamericanas aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como diversos exmandos de corporaciones de seguridad y procuración de justicia. Todos ellos han sido mencionados dentro de las investigaciones desarrolladas por Estados Unidos sobre presuntos vínculos con actividades criminales.

La FGR mantiene una investigación propia sobre los señalamientos

Otro de los señalados que decidió entregarse a las autoridades estadounidenses fue Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre una comparecencia similar ante una corte federal estadounidense. Su situación jurídica continúa en desarrollo mientras avanzan los procedimientos correspondientes en territorio norteamericano.

Las acusaciones impulsadas por Estados Unidos generaron una serie de reacciones en México, particularmente porque las autoridades estadounidenses solicitaron acciones relacionadas con la localización y eventual extradición de varios de los involucrados. Sin embargo, el tratamiento jurídico del caso ha seguido rutas distintas en ambos países, lo que ha provocado investigaciones paralelas y actuaciones independientes por parte de las instituciones de procuración de justicia.

Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para verificar la información proporcionada por las autoridades norteamericanas. La dependencia mexicana informó que analiza los elementos disponibles antes de determinar posibles responsabilidades o acciones adicionales contra los señalados dentro del expediente internacional.

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