Gobernadores incómodos: Lista de mandatarios que meten en aprietos a Claudia Sheinbaum
Escándalos, investigaciones, señalamientos de corrupción y crisis de seguridad han obligado a Claudia Sheinbaum a responder por varios gobernadores
Algunos gobernadores se han convertido en uno de los principales desafíos políticos para la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la mayoría de las entidades están gobernadas por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, diversos escándalos, investigaciones, problemas de seguridad y controversias públicas han colocado a varios mandatarios en el centro del debate nacional, lo que ha obligado al gobierno federal a fijar postura.
En los últimos meses, la presidenta ha tenido que salir en defensa de varios gobernadores de Morena o responder a señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado, investigaciones de autoridades estadounidenses, denuncias de corrupción y crisis de seguridad.
Aunque Sheinbaum ha insistido en que no existen pruebas que sustenten varias de las acusaciones y ha pedido esperar a que haya información oficial, los casos han representado un frente político para su administración.
El caso más reciente es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La difusión de dos audios en los que conversa con personas que se presentan como asesores o intermediarios del FBI y otras agencias estadounidenses.
Marina del Pilar Ávila
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta el caso más reciente que ha generado presión sobre el gobierno federal. La polémica inició en mayo de 2025, cuando Estados Unidos revocó primero la visa de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, y posteriormente la de la propia mandataria estatal, quien se convirtió en la primera gobernadora mexicana en funciones en perder ese documento migratorio.
El caso tomó mayor relevancia en junio y julio de 2026 tras la difusión de dos audios publicados por el periodista Héctor de Mauleón, en los que Ávila Olmeda conversa con personas que se presentan como asesores o intermediarios vinculados con el FBI y otras agencias estadounidenses. En las grabaciones se abordan temas relacionados con la cancelación de su visa, posibles sanciones y una eventual extradición.
🔵Marina del Pilar rompe el silencio tras nuevo audio filtrado: Así respondió a los señalamientos sobre el FBI https://t.co/LKW8PPHjbS
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 14, 2026
En una de las conversaciones, de acuerdo con la información disponible, la gobernadora expresa su preocupación por posibles señalamientos en su contra y por un eventual proceso de sanciones financieras ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También se menciona la posibilidad de compartir información relacionada con las mesas de seguridad para aclarar su situación.
Tras la difusión del audio, el gobierno estatal confirmó la existencia de la llamada, aunque señaló que se trató de contactos informales con personas que no acreditaron ser representantes oficiales de autoridades estadounidenses. La gobernadora reconoció que la voz en las grabaciones corresponde a la suya, pero afirmó que cualquier intercambio de información ocurrió dentro de los mecanismos de coordinación institucional entre Baja California y Estados Unidos, debido a la condición fronteriza del estado.
“Estoy dispuesta a hablar de lo que pueda saber”, sale NUEVO audio de Marina del Pilar donde habla de cooperar con EE.UU. https://t.co/a6MKJWLMdO
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 13, 2026
Asimismo, rechazó haber negociado acuerdos fuera de los canales oficiales y negó que las conversaciones representaran algún tipo de pacto realizado "en lo oscurito".
Sobre la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la mandataria estatal ya ofreció una explicación pública tras la difusión de un audio atribuido a ella.
Afirmó que no se sabe con quién sostenía la conversación ni si se trataba de autoridades de Estados Unidos, y sostuvo que, de acuerdo con la explicación de la gobernadora, esa comunicación no representa un riesgo para la Seguridad.
Rubén Rocha Moya
Después de Marina del Pilar, uno de los casos que más presión ha generado para el gobierno federal es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó, junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicitó su extradición. El mandatario rechazó los señalamientos, aseguró que eran falsos y solicitó licencia al cargo para que la Fiscalía General de la República pudiera investigarlo sin el fuero que otorga la gubernatura.
Tras separarse del cargo permaneció varias semanas fuera de la vida pública, lo que generó especulaciones sobre su paradero. El 9 de julio reapareció mediante un mensaje en redes sociales para afirmar que se encontraba en su domicilio de Culiacán, sin protección federal y dispuesto a enfrentar las investigaciones.
Claudia Sheinbaum ha respaldado públicamente al gobernador con licencia al sostener que no se protegerá a nadie, pero que tampoco se puede responsabilizar a una persona sin pruebas. También ha cuestionado que Estados Unidos realice acusaciones sin compartir las evidencias con las autoridades mexicanas.
🔴 ¿Qué dijo Ken Salazar sobre los presuntos vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa?https://t.co/XaM98UDTWW
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) July 12, 2026
Alfonso Durazo
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también ha colocado al gobierno federal en una posición incómoda tras los reportajes publicados por Los Angeles Times y posteriormente por The New York Times, en los que se aseguró que autoridades estadounidenses investigaban a diversos políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado y que algunos habrían sido objeto de revisiones migratorias o de la revocación de sus visas.
Durazo negó categóricamente las versiones, afirmó que carecen de sustento y exigió que los medios presentaran pruebas o rectificaran la información.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó las publicaciones al señalar que se basan en filtraciones anónimas y sostuvo que el gobierno mexicano no tiene conocimiento de investigaciones oficiales en contra del mandatario sonorense.
Américo Villarreal
Al igual que Durazo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue mencionado en los reportajes publicados por Los Angeles Times y posteriormente por The New York Times, en los que se afirmó que autoridades estadounidenses analizaban investigaciones relacionadas con políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
Villarreal rechazó los señalamientos, aseguró que no existe ninguna investigación formal en su contra y calificó las publicaciones como falsas.
Su gobierno emitió comunicados para exigir una rectificación, mientras que Sheinbaum respaldó esa postura al afirmar que no existe información oficial que confirme las versiones difundidas y acusó a los medios estadounidenses de publicar información sin evidencias suficientes.
Layda Sansores
La gobernadora de Campeche ha protagonizado algunas de las controversias políticas más visibles del oficialismo. Desde su programa Martes del Jaguar difundió conversaciones, audios y mensajes privados de diversos personajes políticos, entre ellos el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo que derivó en litigios y resoluciones judiciales.
En 2025 también enfrentó críticas tras exhibir información relacionada con el periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario Tribuna, un caso que generó señalamientos de organismos defensores de la libertad de expresión y de la oposición.
Pese a las controversias, Claudia Sheinbaum ha respaldado públicamente a Sansores al considerar que ha sido objeto de ataques políticos y al cuestionar algunas resoluciones judiciales dictadas en su contra. Ese respaldo ha convertido sus polémicas en otro frente que la presidenta ha tenido que enfrentar públicamente.
¿Por qué estos gobernadores representan un reto para Sheinbaum?
Los casos de Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Layda Sansores tienen un elemento en común: todos han obligado a la presidenta Claudia Sheinbaum a fijar una postura pública para respaldarlos, responder a las críticas o cuestionar los señalamientos en su contra.
Aunque cada caso tiene un contexto distinto, las controversias repercuten en temas prioritarios para el gobierno federal, como la seguridad, el combate a la corrupción, la relación con Estados Unidos y la estabilidad política.
Cada nueva investigación, filtración o polémica en los estados pone al gobierno federal ante la decisión de respaldar a sus gobernadores, tomar distancia o marcar una postura oficial, convirtiendo estos casos en algunos de los principales retos políticos que enfrenta el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
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