Ley contra feminicidio: Penas de hasta 70 años de prisión, las claves de la iniciativa

Elia López 24 marzo, 2026

El gobierno presenta iniciativa de Ley General de prevención, investigación y sanción del feminicidio, que castigará con hasta 70 años de prisión a los responsables del delito

Presentan iniciativa de Ley contra el feminicidio
 ©Cuartoscuro - Presentan iniciativa de Ley contra el feminicidio

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República presentó la iniciativa de Ley General de prevención, investigación y sanción del feminicidio, cuyo objetivo es unificar criterios en todo el país y fortalecer la actuación del Estado frente a la violencia feminicida.

Señaló que hablar de feminicidio “no es hablar de cifras o normas jurídicas, sino de vidas arrebatadas y de una deuda histórica con mujeres y familias víctimas”.

Añadió que combatir este delito requiere la convergencia de instituciones, colectivas feministas, académicas y organizaciones civiles.

Reforma constitucional y facultades del Congreso

La propuesta incluye una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca el tipo penal de feminicidio, sus sanciones y los lineamientos de actuación para autoridades de todos los niveles. Con ello se busca garantizar el acceso a una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes.

Feminicidio como violación grave a derechos humanos

La iniciativa parte del reconocimiento del feminicidio como una grave violación a los derechos humanos, que requiere respuestas estructurales desde la procuración de justicia, el ámbito legislativo y las políticas públicas.

También establece la obligación de investigar estos casos con diligencia reforzada, conforme a estándares nacionales e internacionales.

Homologación del tipo penal y razones de género

El proyecto plantea homologar el tipo penal en todo el país, reconociendo nueve razones de género, entre ellas la existencia de signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, estereotipos, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión y exposición del cuerpo.

Sanciones, agravantes y medidas adicionales

La iniciativa establece penas de 40 a 70 años de prisión y sanciona la tentativa con penas de entre la mitad y hasta dos terceras partes.

También contempla 21 agravantes relacionadas con la condición de la víctima, como ser niña, adolescente, persona mayor, tener discapacidad, encontrarse en situación de movilidad o pertenecer a pueblos originarios o afrodescendientes.

El feminicidio será imprescriptible en todas sus etapas: acción penal, sanción y reparación del daño.

Además, el responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela, la curatela y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.

Consecuencias jurídicas adicionales

El responsable del delito:

  • Perderá derechos sucesorios sobre bienes o propiedades de la víctima

  • Perderá la patria potestad, tutela, curatela y custodia

  • No podrá recibir ningún beneficio legal vinculado con víctimas directas o indirectas

Muerte violenta de mujer será investigada como feminicidio

El proyecto obliga a que toda muerte violenta de mujer se investigue desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio. También prevé la homologación nacional de protocolos de investigación incorporando perspectiva de género, debida diligencia, análisis de contexto y correcta preservación de indicios.

Las fiscalías deberán contar con unidades especializadas integradas por personal ministerial, policial y pericial capacitado y certificado en atención a víctimas, investigación del delito, medidas de protección y técnicas de investigación criminal. La investigación deberá mantenerse continua en todas sus etapas, evitando interrupciones por cambios de turno.

Reparación integral y coordinación institucional

La iniciativa establece el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño y prevé mecanismos de coordinación entre instituciones, así como políticas públicas que complementarán el marco jurídico.

Godoy afirmó que el objetivo es fortalecer al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida en todo el país.

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