Los metían en mochilas y les tronaban los dedos: así maltrataba centro infantil de Chiapas

Un centro privado de atención a niños con discapacidad fue clausurado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras graves denuncias de abuso físico y psicológico contra al menos 16 menores durante un curso de verano. La Fiscalía del estado ya investiga los hechos.

Prometían terapias especializadas, pero entregaron maltrato

El Centro Psicointegral D.A., ubicado en el fraccionamiento Los Sabinos sobre la 5ª Norte, ofrecía terapias para niñas y niños con autismo y otras condiciones neurodivergentes. Padres confiaron en la supuesta reputación nacional del centro, que ofrecía estimulación del lenguaje, modificación de conducta, desarrollo cognitivo y control de esfínteres.

Cada familia pagó alrededor de 4,800 pesos por alumno para inscribirlos en un curso de verano que inició el 21 de julio y duraría cuatro semanas. Sin embargo, en cuestión de días, muchos menores comenzaron a mostrar señales de trauma, retrocesos en su conducta y lesiones visibles.

Una madre relató que su hijo de tres años y medio, al recogerlo, se arrastraba por el suelo mientras gritaba desesperado “¡Mamá, no!” y pedía agua, aunque su botella seguía cerrada. En días posteriores, descubrió moretones en brazos y manos. Al buscar explicaciones, el personal del centro no dio respuesta clara.

Los testimonios: mochilas, castigos y humillaciones

Los testimonios de los padres revelan escenas escalofriantes. Algunos niños, incapaces de hablar con fluidez, describieron situaciones inhumanas:

“A varios los metieron en mochilas, y si lloraban, les torcían los brazos hacia atrás y les tronaban los dedos”, denunció una madre para La Silla Rota.

Otras madres relataron que sus hijos fueron forzados a comer del piso cuando se les caía la comida, y que eran castigados mirando la pared por más de media hora. Algunos menores regresaron a casa orinándose en la ropa o presentando conductas regresivas.

Incluso se denunció que el personal docente obligaba a los niños mayores a cuidar a los más pequeños, como medida de control. Los castigos y maltratos, según los padres, ocurrían en los “puntos ciegos” del centro: zonas fuera del alcance de las cámaras de vigilancia.

Centro operaba sin permisos y fue clausurado

Tras recibir múltiples denuncias, la Fiscalía General del Estado de Chiapas realizó un cateo en el centro el pasado 6 de agosto. Se determinó que el lugar no contaba con permisos de operación, ni con los requisitos mínimos de protección civil, salud y educación.

El establecimiento fue asegurado por las autoridades, y no podrá volver a operar, según confirmaron el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca y la titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Amanda Farfán Ruiz.

Ambos funcionarios informaron que se abrió una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y discriminación, y que se continúa recabando pruebas. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero se ha garantizado que se actuará de manera contundente.

Padres exigen justicia y acceso a videos

Las madres y padres de familia exigieron intervención directa del gobernador del estado y del Fiscal General, pues temen que el caso quede impune. Denunciaron también que la directora del centro se negó a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales podrían contener pruebas clave.

En sus testimonios, identificaron a al menos dos maestras y a la hija de la directora, Belén “N”, como responsables directas de los abusos. Señalan que la actitud evasiva de la dirección agrava aún más la situación.

“Lo único que queremos es saber qué pasó, que se cierre ese lugar y que la fiscalía actúe. No se vale que más niños sufran lo mismo”, reclamó una de las madres.

¿Qué sigue?

La Fiscalía continúa con la investigación abierta desde el 30 de julio y mantiene el centro preservado. Mientras tanto, los padres han sido informados de que el proceso será lento y que los menores deberán rendir declaraciones, algo que preocupa especialmente debido a las dificultades de comunicación que enfrentan muchos de ellos.

Este caso pone en evidencia la falta de regulación y vigilancia en centros educativos y terapéuticos privados para niñas y niños con discapacidad en Chiapas. Las familias temen que, sin justicia, otros menores puedan ser víctimas en el futuro.

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