Máquinas tragamonedas: la historia de cómo el crimen organizado obliga a comerciantes a usarlas
Comerciantes de distintos estados han denunciado que grupos criminales instalan máquinas tragamonedas en tiendas, abarrotes y pequeños negocios sin su consentimiento, una práctica que genera ingresos ilegales y también pone en riesgo legal a los propietarios
Las máquinas tragamonedas dejaron de ser solo aparatos ocultos en tiendas de barrio. En varios estados del país, comerciantes han denunciado que grupos criminales las instalan en sus negocios como una forma de presión, cobro y control económico. El problema afecta a propietarios de abarrotes, misceláneas y pequeños comercios en una situación de riesgo: aceptar una máquina que opera fuera de la ley o enfrentar represalias.
La práctica ha sido reportada en entidades como Zacatecas, Sonora, Michoacán y Veracruz, donde autoridades han realizado decomisos, operativos y destrucción de máquinas. En el sur de Zacatecas, comerciantes denunciaron que personas vinculadas al crimen organizado llegan a tiendas para colocar los aparatos sin importar si el dueño está de acuerdo o no.
Cómo opera la presión contra comerciantes
El mecanismo descrito por comerciantes parte de una imposición. Personas ajenas al negocio llegan al establecimiento, instalan la máquina y después recogen el dinero generado. Para los propietarios, el margen de decisión es limitado, porque quitar el aparato o negarse a tenerlo puede representar amenazas, daños al local o agresiones.
En algunos casos, los comerciantes ni siquiera conocen la identidad de quienes colocan las máquinas. El ingreso parece menor frente a otros delitos, pero su alcance está en el volumen: cada aparato puede generar efectivo constante, sin facturación clara, con operación cotidiana y con baja exposición para quienes controlan el negocio.
La Fiscalía de Sonora ha vinculado directamente estas máquinas con esquemas de extorsión contra comerciantes, pues grupos criminales obligan a tenerlas en sus establecimientos. En esa entidad, entre enero y agosto de 2024 fueron decomisadas 421 máquinas tragamonedas durante operativos en distintos municipios.
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Por qué también implica un riesgo legal
Aunque muchos comerciantes se presentan como víctimas de presión, la operación de máquinas tragamonedas fuera de establecimientos autorizados implica un problema legal. La actividad puede investigarse como delito federal, debido a que las apuestas y sorteos requieren permisos específicos de la Secretaría de Gobernación.
Ese punto agrava la situación de los dueños de tiendas. Por un lado, enfrentan presión de grupos criminales; por otro, pueden quedar sujetos a operativos, decomisos o investigaciones si las máquinas son encontradas dentro de sus locales. En Veracruz, integrantes de la Unión Nacional de Maquineros protestaron frente a la FGR por el aseguramiento de más de 127 máquinas tragamonedas, lo que muestra el conflicto entre autoridades, operadores y comerciantes.
Un negocio que se repite en varios estados
El problema no está concentrado en un solo municipio. El Universal reportó que la práctica persiste en al menos 10 estados, con comerciantes que denuncian presión criminal para mantener las máquinas en sus negocios.
En Michoacán, autoridades aseguraron y destruyeron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas en tres años. El gobierno estatal informó que estos aparatos, conocidos como “mini casinos”, eran usados por el crimen organizado para financiar actividades ilícitas; en una destrucción reciente, fueron eliminadas 803 máquinas que, según autoridades, generaban casi 10 millones de pesos mensuales.
Tragamonedas y financiamiento criminal
El atractivo de estas máquinas para grupos criminales está en su operación diaria. No requieren una estructura grande dentro del local, generan dinero en efectivo y pueden instalarse en sitios de alta circulación como tiendas, abarrotes, salones o pequeños negocios. Para el crimen organizado, funcionan como una fuente constante de ingresos y, al mismo tiempo, como una forma de presencia territorial.
El vínculo con organizaciones criminales también aparece en reportes sobre el CJNG. Infobae documentó que registros atribuidos a la estructura de “El Mencho” incluían ingresos por máquinas tragamonedas; en un mes, esa fuente habría generado alrededor de medio millón de pesos para el grupo.
La historia de las tragamonedas en comercios no se reduce a aparatos ilegales. Detrás hay una red de presión sobre negocios pequeños, circulación de efectivo y control territorial. Para los comerciantes, el problema no termina cuando se decomisa una máquina: también queda el miedo a quienes la instalaron, el riesgo de nuevas amenazas y la falta de mecanismos seguros para denunciar sin exponerse.
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