México alcanza niveles récord en acoso a periodistas
Amenaza la libertad de expresión y la democracia por el uso de la legislación como presión
Entre enero y julio de 2025, el acoso judicial contra periodistas en México alcanzó niveles récord con 51 casos documentados, una cifra que en apenas siete meses superó el total anual de cualquier año previo, de acuerdo con el informe “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, elaborado por la organización Artículo 19.
La investigación reveló que 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres—, además de 12 medios de comunicación en 17 estados del país, enfrentaron notificaciones legales entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. En promedio, cada cuatro días se abrió un nuevo proceso judicial o administrativo en contra de la prensa, lo que refleja un uso sistemático de la legislación como herramienta de presión.
De acuerdo con la organización, el fenómeno se ha consolidado como una forma de censura indirecta que busca inhibir el ejercicio periodístico, desgastar económicamente a periodistas y enviar un mensaje de advertencia para frenar investigaciones y publicaciones críticas.
La ley como mecanismo de censura
El informe subraya que esta tendencia no es nueva. Desde 2016, Artículo 19 ha alertado sobre el uso faccioso del marco legal mexicano, pero en 2025 la judicialización del periodismo se disparó a niveles sin precedentes. “Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, señaló la organización.
Uno de los elementos más preocupantes es el abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada para combatir la discriminación estructural contra las mujeres. Según el informe, esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, eliminar publicaciones críticas e incluso castigar opiniones legítimas sobre figuras políticas.
De los 51 casos registrados, 26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la penal (27.45%) y 11 por la civil (21.57%). Aunque no se documentaron procesos administrativos en el periodo, los litigios muestran una estrategia repetida: desgastar a periodistas hasta obligarlos a retirar información o disculparse públicamente.
Casos importantes
Entre los procesos más visibles figura el de la periodista Lourdes Mendoza, demandada por daño moral por Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Mendoza debió responder un interrogatorio de tres horas y defenderse públicamente en redes sociales y espacios periodísticos.
En Campeche, el periodista Jorge Luis González enfrenta procesos penales, civiles y de VPEG promovidos por el equipo de la gobernadora Layda Sansores, que incluyen medidas cautelares como la revisión previa de sus publicaciones.
En Sonora, la periodista Karla Estrella fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras un tuit crítico hacia la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en multa, disculpa pública, curso de reeducación y su inclusión en el registro de infractores electorales.
Otros nombres que aparecen en el reporte son el del columnista Héctor de Mauleón, demandado por autoridades electorales; el escritor Hernán Gómez, junto a la editorial Penguin Random House, por el libro Traición en Palacio; así como la periodista Ruby Soriano, notificada por el Instituto Electoral de Puebla.
En enero, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, llamó a los comunicadores “sicarios de la comunicación” y exhortó a sus colaboradores a iniciar demandas contra periodistas que cuestionaran su administración.
Perpetradores del acoso judicial
El informe detalla que de los 51 casos, 23 (45.10%) fueron impulsados por funcionarios públicos, 18 (35.29%) por particulares y 10 (19.61%) por partidos políticos o candidaturas. La mayoría de los procesos se iniciaron en el ámbito estatal, con 60.87% de los casos, seguido del nivel federal (21.74%) y municipal (17.39%).
Artículo 19 también advierte sobre la práctica de forum shopping, mediante la cual un denunciante promueve procesos en distintas instancias legales para multiplicar la presión contra periodistas.
Amenaza a derechos humanos y a la democracia
Este acoso no solo implica el uso sistemático de la legislación como herramienta de presión, sino que además busca borrar investigaciones, revertir publicaciones o censurar debates incómodos para los poderes político y económico, señala Artículo 19.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que este tipo de litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, socavan derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, asociación y la participación pública.
El informe resalta que los procesos de acoso judicial representan una amenaza directa a la democracia, ya que restringen el acceso a la información y limitan el debate en una sociedad abierta.
Llamado de Artículo 19
Artículo 19 exigió al Congreso y a las autoridades federales, estatales y municipales revisar los marcos normativos para impedir que las leyes se utilicen como mecanismos de represión. Advirtió que la reforma judicial en discusión podría intensificar la presión contra la prensa si no se garantiza la protección al derecho a informar y ser informado.
“Todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. La eliminación de contenido perjudica directamente a la sociedad, pues limita su acceso a la verdad y a la crítica pública”, concluye el informe.
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