México debe abordar problemas de seguridad con perspectiva de derechos humanos; advierten expertos

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la propuesta  presidencial en la que se permite que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) causó un gran polémica de la sociedad civil por lo que aseguran es una militarización del país. Pero no solo los habitantes y comunicadores han reaccionado a ella, también causó  preocupación entre expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes advirtieron que podría aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos en México.

Mediante un comunicado emitido este martes 24 de septiembre, dos Grupos de Trabajo y tres relatores especiales de la ONU señalaron que la reforma podría facilitar abusos como la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, situaciones que ya ahan ocurrido con anterioridad donde se señala como responsables a militares. 

 "Nos alarma que, de aprobarse esta reforma constitucional, se asignarían permanentemente funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas", mencionaron los expertos.

La reforma, que ahora se debatirá en el Senado, también otorgaría a la Guardia Nacional facultades para participar en investigaciones criminales bajo la jurisdicción militar, ampliando significativamente el rol de las fuerzas armadas más allá de sus responsabilidades de disciplina militar. Los expertos destacaron que esto contraviene las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, que insisten en que las labores de seguridad pública deben ser gestionadas por fuerzas civiles, con la participación militar limitada y estrictamente supervisada.

Violaciones a derechos humanos

Además, los expertos de la ONU subrayaron los riesgos de que esta medida perpetúe las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en el pasado. En este sentido, pidieron que estos abusos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia.

El debate en torno al control militar de la Guardia Nacional llega en un contexto en el que México enfrenta graves problemas de seguridad. Aunque los expertos reconocieron estos desafíos, hicieron un llamado a las autoridades a buscar soluciones que respeten las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, los firmantes del comunicado expresaron su disposición a colaborar con el gobierno mexicano para asegurar que cualquier reforma esté alineada con los estándares internacionales de rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

Los firmantes del comunicado son: Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.