Mineras en México, bajo asedio del crimen organizado: secuestros, robos y minas tomadas

Alejandra Jiménez 3 febrero, 2026

El secuestro de trabajadores, robos millonarios y la toma de yacimientos evidencian la presión del crimen organizado sobre la minería en México

 ©Especial - Zacatecas, Sonora y Durango concentran más de la mitad de los delitos contra el sector, que enfrenta costos crecientes e incertidumbre operativa.

La minería en México enfrenta un escenario de riesgo permanente ante el avance del crimen organizado, que extorsiona empresas, roba cargamentos de alto valor y, en algunos casos, asume el control directo de minas. Datos del sector revelan que 97 % de las compañías ha sido víctima de algún delito, en un contexto de inseguridad estructuralque amenaza inversiones y vidas humanas.

La minería en riesgo dejó de ser una advertencia a futuro para convertirse en una descripción del presente. En amplias regiones del país, la actividad minera opera bajo la amenaza constante de grupos criminales, que no solo perpetran robos millonarios, sino que recurren a la extorsión, el secuestro de personal y la ocupación armada de yacimientos.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Minera (Camimex), 97 % de las empresas del sector en México ha sufrido algún delito, una cifra que refleja la magnitud del problema y su impacto directo en la operación cotidiana.

El secuestro que evidenció la vulnerabilidad

El caso más reciente ocurrió en Concordia, Sinaloa, donde diez trabajadores de una minera canadiense fueron secuestrados, un hecho que volvió a colocar bajo escrutinio la seguridad en zonas mineras.

Especialistas del sector energético advierten que México es el cuarto país más peligroso del mundo para ejercer la minería, solo por debajo de regiones con conflictos armados abiertos, una clasificación sustentada en incidentes documentados durante la última década.

Minas tomadas por el crimen organizado

Uno de los episodios más representativos ocurrió en Sonora, donde la mina La Ciénega, en la comunidad de Piquito, permaneció cinco años bajo control criminal, hasta ser recuperada por autoridades estatales a finales de 2024.

Consultores en riesgo político y seguridad señalan que estos casos reflejan altos niveles de impunidad, ya que la ocupación armada de instalaciones mineras se mantiene pese a denuncias formales y evidencia documentada.

Robos millonarios y operaciones sofisticadas

La industria acumula una larga lista de asaltos de alto impacto, entre ellos:

  • El robo de 7 mil onzas de oro en Sinaloa (2015).

  • El asalto a un camión de valores con 47 lingotes de doré en Sonora (2019).

  • Ataques a vehículos blindados y minas en Caborca y Sahuaripa, incluso con fuga en avioneta (2020).

  • El robo de 11 góndolas cargadas de minerales en Zacatecas (2024).

  • La desaparición de 300 kilos de oro tras el desplome de un helicóptero procedente de una mina en Guerrero (2025).

Analistas advierten que estos hechos muestran una sofisticación operativa creciente por parte de los grupos criminales.

Estados con mayor riesgo para la minería

Según la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, los estados con mayor incidencia delictiva son:
Zacatecas, Durango y Sonora, que en conjunto concentran 51.8 % de los delitos contra el sector.

A esta lista se suma Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 la violencia entre facciones del cártel de Sinaloaincrementó el riesgo para minas y proyectos en desarrollo.

Costos elevados y presión económica

El crimen organizado no solo roba minerales, también se apropia de explosivos, maquinaria y herramientas especializadas, insumos que alimentan la minería ilegal.
La contratación de seguridad armada especializada y el pago de extorsiones elevan de forma considerable los costos de producción, reduciendo la rentabilidad y frenando nuevas inversiones.

Una industria estratégica bajo amenaza

La minería es un sector clave para la economía mexicana, pero hoy enfrenta un desafío que trasciende la regulación o el mercado. La inseguridad redefine decisiones de inversión, pone en riesgo empleos y afecta la confianza internacional.

Mientras no exista una estrategia integral de seguridad, la minería seguirá operando bajo amenaza, con impactos que alcanzan al desarrollo regional y a la estabilidad económica del país.

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