"No es ley espía", dice Sheinbaum y acusa a la oposición de críticas a la Ley de Telecomunicaciones
Sheinbaum defiende la Ley de Telecomunicaciones, asegura que no habrá espionaje y aclara que las reformas están dentro del marco constitucional de privacidad
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de espionaje en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, y sugirió que la reforma debería llamarse "Ley de Seguridad y Apoyo a la Población" en lugar de "Ley Espía", como ha sido denominada por la oposición.
La mandataria precisó que la ley no concede al gobierno poderes para espiar a los ciudadanos, argumentando que está completamente alineada con la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Sheinbaum rechaza "Ley espía"
“Es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, para vigilar a las personas", dijo la mandataria.
El artículo 183 de la nueva ley ha sido el centro de la controversia, ya que establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades de seguridad en la localización en tiempo real de los teléfonos celulares.
Aunque este artículo ha generado críticas por su potencial para facilitar el rastreo de las comunicaciones, Sheinbaum subrayó que esta medida está dentro del marco constitucional y que en ningún momento se permitirá la intervención de comunicaciones privadas sin una orden judicial previa.
"La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las comunicaciones", enfatizó, citando el artículo 16 de la Constitución mexicana, que prohíbe el espionaje, salvo en casos excepcionales bajo el marco de la ley. Según Sheinbaum, la intervención de comunicaciones solo se podrá realizar con el respaldo de una carpeta de investigación formalizada por una fiscalía.
A pesar de las críticas de la oposición, la presidenta insistió en que la ley tiene como fin principal fortalecer la seguridad del país y proteger a la población, no violar derechos fundamentales.
Además, refirió que los jueces que autoricen la intervención de comunicaciones serán imparciales y deberán basarse en pruebas válidas antes de proceder.
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