¿Quién es Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el caso Wallace?

Tras permanecer más de 19 años en la cárcel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, una de las personas sentenciadas por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.

La detención de González Lomelí se remonta al 11 de junio de 2005, cuando Hugo Alberto Wallace fue secuestrado en la zona de Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Pocos días después, su madre, Isabel Miranda de Wallace, presentó la denuncia formal ante las autoridades. El caso pronto atrajo la atención mediática y fue vinculado con varios presuntos responsables, entre ellos Juana Hilda González, detenida en enero de 2006.

Juana Hilda, madre de dos hijas y quien se desempeñaba como bailarina, fue aprehendida por su supuesta relación con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. No obstante, en el momento de su detención, mantenía una relación con César Freyre Morales, otro de los acusados en el caso Wallace.

¿Quién es Juana Hilda González Lomelí?

Inicialmente, González negó conocer a la víctima o tener participación alguna en el secuestro. Sin embargo, en una tercera declaración cambió su versión y reconoció haber atraído a Hugo Alberto con engaños hasta un departamento, donde presuntamente fue privado de su libertad.

Más tarde, González denunció que esta declaración fue obtenida mediante tortura mientras se encontraba detenida en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO). Según su testimonio, fue sometida a amenazas y violencia física para firmar una confesión fabricada.

A pesar de estos señalamientos y de la ausencia de pruebas directas en su contra, en octubre de 2011 fue condenada a 78 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Así liberaron a Juana Hilda González Lomelí

En marzo de 2021, González promovió un amparo directo, respaldada por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en el que se argumentó la nulidad de las pruebas obtenidas bajo tortura. Fue en mayo de 2022 cuando la Primera Sala de la SCJN decidió atraer el caso, reconociendo la necesidad de revisar el proceso debido a los señalamientos de violaciones graves a derechos fundamentales.

Cuatro ministros votaron a favor de revisar el expediente. Finalmente, este 11 de junio la Corte concluyó que las pruebas clave utilizadas para condenar a González carecían de validez legal, al haber sido obtenidas bajo coacción. Por ello, ordenó su liberación inmediata, reconociendo que su proceso estuvo plagado de irregularidades desde el inicio.