¿Quiénes siguen presos por el caso Wallace tras liberación de Hilda González?
Aunque Juana Hilda ya obtuvo su libertad, otros coacusados permanecen en prisión o bajo proceso
La liberación de Juana Hilda González Lomelí, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marcó un giro en el controvertido caso Wallace, al reconocer que las confesiones que la vinculaban al supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace fueron obtenidas mediante tortura y violaciones al debido proceso.
Sin embargo, al menos cuatro personas continúan privadas de su libertad, algunas sin sentencia y otras con penas que rebasan los 90 años de prisión, a pesar de que las pruebas usadas contra ellas son las mismas que la SCJN invalidó en el caso de González.
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La 'cacería' que marcó el caso Wallace
El caso de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien en realidad se llamaba Hugo Alberto León Miranda, se reportó como desaparición en julio de 2005. Su madre, María Isabel Miranda de Wallace, emprendió una campaña mediática con espectaculares y recompensas para localizar a los presuntos responsables.
Desde entonces, varias personas fueron detenidas y vinculadas con el caso, entre ellas Juana Hilda, César Freyre Morales, los hermanos Alberto y Antonio Castillo, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín.
Brenda Quevedo Cruz: en libertad provisional, pero aún procesada
Brenda Quevedo Cruz, acusada de participar en el presunto secuestro, fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada en 2009. Pasó más de 15 años en prisión preventiva, hasta que en 2024 logró una modificación a su medida cautelar, aunque el proceso penal en su contra sigue abierto.
La defensa ha señalado que Brenda también fue torturada y obligada a firmar declaraciones autoincriminatorias, tal como ocurrió con Juana Hilda.
Jacobo Tagle Dobín: más de 14 años sin sentencia
Detenido en 2010, Jacobo Tagle Dobín continúa procesado por delincuencia organizada y secuestro, sin que se haya dictado sentencia en su contra.
En 2021 solicitó un amparo para ser trasladado a una prisión en la Ciudad de México, el cual fue negado por la SCJN. Su caso permanece estancado, a pesar de los informes sobre violaciones graves a sus derechos humanos durante su detención y proceso.
César Freyre Morales: condenado a 131 años de prisión
Ex policía ministerial de Morelos, César Freyre Morales fue condenado en 2009 a 47 años de cárcel, pero en 2011 la pena aumentó a 131 años, acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.
Freyre ha denunciado tortura y retención ilegal. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pasaron tres días entre su detención y su presentación ante la autoridad, lo que constituye una violación al debido proceso.
Alberto y Antonio Castillo Cruz: condenados a 93 años y seis meses
Los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz fueron detenidos en 2006 y condenados en 2011 a más de 93 años de prisión por los mismos cargos. Ambos han promovido recursos de amparo sin resolución, y también han denunciado tortura y fabricación de pruebas.
Según el periodista Ricardo Raphael y testimonios ante la CIDH, fueron secuestrados y golpeados antes de ser presentados ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
La Defensoría exige anular pruebas contra todos los coacusados
El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) —que representa a varios de los imputados— señaló que la decisión de la SCJN de declarar nulas las pruebas contra Juana Hilda González debe aplicarse al resto de los casos, ya que las acusaciones se basan en los mismos elementos.
“En todos estos casos, la acusación se basa en las mismas pruebas que la SCJN declaró nulas, por lo que deberán excluirse de forma inmediata”, indicó el IFDP en un comunicado.
¿Un caso sin víctima?
La figura central del caso, Hugo Alberto Wallace, fue reportado como desaparecido en 2005. Sin embargo, investigaciones independientes han señalado inconsistencias en la existencia del crimen, incluso en la identidad del supuesto secuestrado, cuyo verdadero nombre sería Hugo Alberto León Miranda.
La acusación ha sido sostenida principalmente por su madre, María Isabel Miranda de Wallace, quien ha encabezado la narrativa pública del caso por casi dos décadas.
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