Salinas Pliego lleva su caso a la CIDH; acusa persecución política del Estado mexicano
El empresario sostuvo que su caso podría sentar un precedente para otros empresarios
El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que expone lo que considera una persecución política por parte del Estado mexicano. La queja fue entregada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) y forma parte de una estrategia legal internacional impulsada por el empresario desde 2023.
De acuerdo con la información difundida por el propio Salinas Pliego, la denuncia fue acompañada de un expediente de más de 100 páginas, el cual fue recibido por Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En dicho documento, el empresario sostiene que tanto él como las empresas que encabeza han sido objeto de acciones coordinadas por parte de distintas instancias del gobierno federal.
Señalamientos ante la CIDH
En el material entregado, Ricardo Salinas Pliego detalla lo que describe como una serie de medidas fiscales, judiciales y administrativas que, desde su perspectiva, tendrían como objetivo intimidar y desgastar a quienes mantienen posturas críticas frente al gobierno. Entre los señalamientos se incluyen auditorías reiteradas, presuntas campañas de desprestigio y presiones sobre el Poder Judicial.
Tras la reunión con el relator de la CIDH, el empresario dio a conocer públicamente que el organismo internacional escuchó su versión de los hechos y recibió las pruebas que, según afirma, documentan un acoso sistemático contra Grupo Salinas. En sus mensajes, sostuvo que la denuncia no se limita a un conflicto personal, sino que busca advertir sobre lo que considera un riesgo para la libertad de expresión en México.
Contexto político y fiscal
La presentación de la denuncia ocurre en un momento de alta tensión entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el Ejecutivo se ha señalado públicamente al empresario por el adeudo fiscal que mantienen algunas de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con resoluciones recientes, las compañías Elektra y TV Azteca, pertenecientes a Grupo Salinas, deberán cubrir un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los últimos recursos legales promovidos por el equipo jurídico del empresario.
El 13 de noviembre, el pleno de la nueva Suprema Corte resolvió, por unanimidad, desechar siete de los nueve amparos interpuestos en contra de los créditos fiscales reclamados por el SAT. Con esta decisión, se cerró la vía judicial interna para frenar el cobro, lo que abrió la puerta a acciones ante instancias internacionales.
Alcance de la denuncia
En su exposición ante la CIDH, Salinas Pliego advirtió sobre lo que calificó como una crisis institucional, señalando el uso de herramientas fiscales y administrativas con fines políticos. El empresario sostuvo que su caso podría sentar un precedente para otros empresarios y ciudadanos que expresen posturas críticas frente al poder.
Hasta el momento, la CIDH no ha emitido una resolución sobre la denuncia presentada. El proceso ante el organismo internacional podría extenderse durante varios meses, mientras se analizan los elementos aportados y se determina si el caso será admitido para su estudio formal.
