Senado aprueba, en lo general, modificaciones a Ley Antilavado

Este miércoles 25 de junio, legisladores del Senado de la República aprobó ,en lo general, las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La iniciativa, que fue respaldada por 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, fue impulsada principalmente por legisladores de Morena y partidos aliados.

De acuerdo con lo explicado por Morena, con esta iniciativa se pretende fortalecer la capacidad del Estado mexicano para responder a las amenazas que representa la criminalidad económica y organizada, así como cumplir con compromisos internacionales en materia financiera.

La propuesta, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar, contempla ajustes clave en la supervisión de operaciones financieras, incluyendo mayor vigilancia sobre quiénes controlan realmente las empresas ,conocidos como beneficiarios finales, además de nuevas obligaciones para sectores no financieros y para personas consideradas de alto perfil político.

Estas medidas derivan de recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que en su evaluación de 2018 hizo observaciones puntuales sobre las vulnerabilidades del sistema mexicano.

Durante la discusión, senadores de Morena calificaron la reforma como una herramienta fundamental para atacar los cimientos económicos del crimen organizado. Señalaron que, con ella, el país envía una señal contundente de que ya no existe espacio para la corrupción ni para el uso impune del dinero ilícito.

Senadores de oposición denuncian "redacción ambigua"

Sin embargo, integrantes del PAN y del PRI expresaron preocupaciones sobre la redacción ambigua de algunos artículos. En particular, señalaron que el concepto de “personas políticamente expuestas” podría aplicarse de forma arbitraria a exfuncionarios y sus allegados, tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría traducirse en una vigilancia desproporcionada.

También advirtieron que los mecanismos de control podrían afectar a ciudadanos que manejan efectivo sin que exista una relación con actividades delictivas, como en el caso de depósitos personales o donativos a organizaciones sociales y religiosas.

Por su parte, representantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo argumentaron que, lejos de criminalizar a sectores informales, la nueva legislación busca cerrar las rutas que utilizan las redes criminales para infiltrar recursos ilegales en el sistema económico. Sostienen que limitar el movimiento de dinero sucio contribuirá no solo a desarticular estructuras delictivas, sino también a reconstruir la confianza en las instituciones financieras del país.

Desde Movimiento Ciudadano, también se destacó la necesidad de mayor claridad en la aplicación de la norma, sobre todo en lo referente a las personas relacionadas con figuras públicas, las cuales quedarían sujetas a supervisión conforme a criterios aún no definidos por la Secretaría de Hacienda.