Senado aprueba la Ley de Amparo, estos son los cambios clave

Elia López 2 octubre, 2025

El Senado aprobó la Ley de Amparo, con el respaldo de Morena y partidos aliados

Senado aprueba Ley de Amparo
 ©Cuartoscuro - Senado aprueba Ley de Amparo, la turna a San Lázaro.

El Senado aprobó en lo general, la polémica reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados, recibió 76 votos a favor frente a 39 en contra. Ahora fue enviada a la Cámara de Diputados.

La reforma, que busca modificar aspectos clave del juicio de amparo, generó intensas críticas, principalmente de las bancadas opositoras que aseguran que la modificación debilita la protección de los derechos humanos.

Y es que las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo a la reforma, argumentando que, lejos de fortalecer el acceso a la justicia, limita las opciones de defensa para los ciudadanos.

Los senadores opositores acusaron que la reforma representa un retroceso para los mecanismos legales de protección colectiva e individual. En este sentido, se destacó que las modificaciones debilitan el amparo y favorecen a los grandes intereses y las autoridades, incrementando la indefensión de los ciudadanos.

La senadora panista Guadalupe Murguía criticó la aprobación apresurada de la reforma, calificando el proceso de "improvisado y con cambios repentinos", mientras que su colega priista Claudia Anaya recordó que el juicio de amparo es una de las grandes aportaciones de México al derecho internacional, subrayando que una reforma de este tipo amenaza el espíritu garantista que ha sido un pilar en la justicia mexicana.

Modificaciones clave de la reforma

La reforma propone varios ajustes significativos que modifican la manera en que se tramitan los juicios de amparo, con el objetivo de reducir los tiempos y mejorar la eficiencia. Entre las principales modificaciones destacan:

  • Definición de "interés legítimo": Se precisa que el interés legítimo puede ser tanto individual como colectivo, y no será necesario que la lesión sea "actual" o "directa". Esto permite a colectivos presentar amparos por daños inminentes, sin tener que justificar un perjuicio inmediato.

  • Suspensión del acto reclamado: La reforma mantiene la figura de la suspensión, pero agrega limitaciones en ciertos casos como lavado de dinero, terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. También establece que los jueces deberán ponderar el impacto social y la apariencia de buen derecho al emitir suspensiones.

  • Plazos procesales y garantías: La reforma introduce plazos más estrictos para la resolución de los amparos, con un límite de 90 días para dictar sentencia. Además, la propuesta también establece nuevos criterios sobre las formas de garantía que los promoventes deben presentar, especialmente en casos fiscales.

  • Digitalización de los juicios: Un cambio significativo es la implementación de juicios de amparo completamente en línea, con reglas uniformes que igualan el valor de los expedientes electrónicos y físicos. Este cambio, de acuerdo a la propuesta, busca facilitar el acceso a la justicia y reducir los tiempos de tramitación.

Retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo

Un punto controversial que ha llamado la atención es la retroactividad de la reforma, ya que durante el debate, se aprobó una modificación que establece que los asuntos en trámite a la entrada en vigor del decreto continuarán siendo resueltos conforme a las nuevas disposiciones.

Este ajuste ha generado una fuerte oposición, especialmente entre los senadores de PRI y PAN, que argumentan que esto viola el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la aplicación retroactiva de leyes en perjuicio de las personas.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y principal impulsor de esta modificación, defendió la retroactividad argumentando que se trata de evitar el abuso del amparo para retrasar la justicia.

Sin embargo, la oposición advirtió que esto podría desproteger a ejidos, municipios y pequeños productores con juicios pendientes relacionados con deudas fiscales o posibles despojos.

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