Surgen nuevos horrores del rancho Izaguirre tras detención del alcalde de Teuchitlán
El munícipe fue imputado por su presunta participación en delincuencia organizada

La detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión “N”, el pasado fin de semana, ha desvelado nuevos detalles sobre el rancho Izaguirre, también conocido como el "rancho de los horrores", un predio presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) el presidente municipal habría mantenido una estrecha relación con la organización criminal, recibiendo pagos mensuales por su colaboración y participando en actividades ilícitas dentro del rancho.
De acuerdo con un testimonio presentado en la audiencia, el alcalde no solo recibía dinero del CJNG, sino que también sostenía reuniones con los líderes del cártel. En un relato leído por los fiscales, se afirmó que, en alguna ocasión, Murguía arrojó restos humanos a una zanja en el rancho. Estas revelaciones han sorprendido a la opinión pública, considerando las declaraciones previas del alcalde, quien en sus intervenciones públicas había negado cualquier vinculación con el grupo criminal.
Entre las prendas y objetos encontrados en el Rancho Izaguirre había una toalla o cobertor de la Policía de Teuchitlán. Nadie la ha reclamado, obviamente, y la detención del alcalde así como las acusaciones que se le imputan, da todo el sentido a qué hacía ese objeto ahí. Mi… https://t.co/OOYX3d62JB pic.twitter.com/znQxWeZ37s
— Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) May 5, 2025
El "rancho de los horrores" fue redescubierto a principios de marzo, cuando miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que buscan a personas desaparecidas, acudieron al lugar. En su inspección, encontraron una gran cantidad de prendas de ropa y fragmentos óseos enterrados en varios hoyos, lo que llevó al colectivo a inferir que el rancho había funcionado como un centro de exterminio operado por el CJNG, que presuntamente utilizaba crematorios ilegales.
Este descubrimiento desencadenó un escándalo mediático que ha sido minimizado por el gobierno federal, liderado por Claudia Sheinbaum. Las autoridades reconocen que el CJNG utilizaba el rancho como centro de reclutamiento y entrenamiento, pero desestimaron las acusaciones de que allí operaban crematorios clandestinos. La FGR también ha seguido esta línea, aunque la postura del fiscal general, Alejandro Gertz, ha sido inconsistente.
¿Un crematorio?
En sus últimas declaraciones, Gertz insistió en que no había evidencia suficiente para confirmar que el rancho fuera un sitio de cremación, y se basó en un estudio realizado por la UNAM sobre los restos óseos hallados, que no presentó temperaturas de recalentamiento significativas. Sin embargo, en la audiencia de Murguía, los agentes del Ministerio Público confirmaron que se habían encontrado fragmentos óseos con evidencia de exposición térmica, un dato que contradice las versiones anteriores de Gertz.
Además, un informe publicado por El País reveló que, en febrero de 2019, se detectaron altas concentraciones de ceniza y humo provenientes de hogueras alimentadas por combustibles como gasolina, diésel o llantas, lo que alimenta la hipótesis de que el CJNG utilizaba el rancho para realizar quemas.
Próximas audiencias
Aunque el gobierno federal y estatal han intentado minimizar la gravedad de los hechos, la detención del alcalde ha puesto en evidencia el posible conocimiento y encubrimiento de las autoridades locales sobre las actividades criminales en el rancho. Según la información presentada en la audiencia, el alcalde, que pertenece al partido Movimiento Ciudadano, recibía 70,000 pesos al mes del CJNG. Además, se le acusa de haber proporcionado a los criminales policías y armas para perseguir a reclutas que intentaban huir o para reclutar nuevas víctimas.
Las próximas audiencias del caso podrían arrojar más información sobre la vinculación de Murguía con el CJNG y las actividades ilegales que se llevaban a cabo en el rancho. Mientras tanto, el escándalo sigue sacudiendo la política local y federal, y el impacto de este caso podría tener repercusiones en la confianza pública hacia las autoridades en Jalisco.
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