Tren Interoceánico operó un año sin seguro; recurre a estos contratos 'fast-track' tras la tragedia

A través de una serie de comunicados emitidos este 8 de enero de 2026, la Secretaría de Marina (SEMAR) ha compartido la situación administrativa que atraviesa el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) tras el descarrilamiento ocurrido a finales de diciembre en Oaxaca. Los boletines oficiales detallan que la administración encargada del Interoceánico no logró concretar licitaciones a largo plazo, por lo que al arranque de este 2026 la institución ha tenido que recurrir a convenios modificatorios de emergencia para no paralizar el proyecto.

De acuerdo con los documentos, la licitación pública para el servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones fue declarada desierta el pasado 26 de diciembre de 2025, apenas dos días antes de la tragedia que cobró la vida de 14 personas y dejó a más de 100 heridos.

Como medida paliativa, la Marina formalizó este enero un contrato temporal con la empresa SEDEGRAL por un periodo de solo 60 días (enero y febrero de 2026). Simultáneamente, el seguro para bienes patrimoniales se mantiene bajo una prórroga de apenas un mes con Seguros Azteca, evidenciando una gestión que opera bajo el esquema de "bomberazo" ante la falta de proveedores que cumplan con los requisitos técnicos.

El Tren Interoceánico operó sin seguro un año

El complicado escenario burocrático entorno a la aseguranza del ferrocarril cobra una dimensión más profunda tras la investigación publicada por el diario El País, la cual arroja luz que el Tren Interoceánico habría estado operando de manera ilegal durante todo su primer año de funciones.

Según la revisión de contratos públicos por el diario antes mencionado, desde su inauguración en diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, el megaproyecto insignia no contó con un seguro de pasajeros, a pesar de ser un requisito irrenunciable estipulado en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Durante este periodo, aproximadamente 70,000 usuarios viajaron en el tren sin ningún tipo de cobertura legal ante muerte, gastos médicos o invalidez.

La legislación mexicana indica que cualquier ente que preste servicio público de transporte ferroviario debe garantizar pólizas que cubran desde atención médica hasta gastos funerarios. No obstante, en la plataforma de transparencia no existe evidencia de que se haya licitado dicho servicio durante el primer año de operaciones, periodo en el que la Marina solo priorizó el aseguramiento de los bienes materiales y la infraestructura.

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El saldo de la tragedia y los contratos 'fast-track'

En diciembre de 2024, tras un año de omisiones, se abrió una licitación para el seguro de pasajeros en la que habrían participado gigantes del sector como GNP, Inbursa y Banorte. Sin embargo, las propuestas fueron desechadas por el FIT alegando fallas técnicas. Fue entonces cuando se realizó una adjudicación directa a la firma Seguros Ve por Más, perteneciente al Grupo Kaluz.

Esta aseguradora es la que hoy debe hacer frente a las indemnizaciones del accidente del 28 de diciembre de 2025, el peor desastre ferroviario en la historia reciente de México, que suma 14 fallecidos y más de 100 heridos. El recuento de víctimas se actualizó este 1 de enero de 2026 tras el deceso de una mujer de 73 años que permanecía en terapia intensiva en un hospital de Oaxaca.

Hoy, el Tren Interoceánico inicia el 2026 en un laberinto legal, con contratos de seguridad que vencen en semanas, seguros contratados de emergencia y una investigación en curso que apunta a que el proyecto creció ignorando protocolos básicos de seguridad. La falta de respuestas claras por parte de la Marina ante los cuestionamientos sobre el vacío de seguros en 2024 refuerza la percepción de una crisis de opacidad que envuelve a uno de los megaproyectos más importantes del sureste mexicano.