Inteliproof vendió reconocimiento facial a la Fiscalía de Baja California: las preguntas tras la sanción de EE.UU.
Inteliproof, sancionada por Estados Unidos, obtuvo contratos en Baja California: qué dice la UIF sobre sus presuntos vínculos
Los contratos de Inteliproof Efficient con instituciones de seguridad de Baja California abrieron una nueva discrepancia entre México y Estados Unidos.
¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Estados Unidos a Inteliproof Efficient?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la empresa por sus vínculos con una red financiera del Cártel de Sinaloa, pero la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha encontrado pruebas que acrediten esa relación.
La diferencia entre ambas autoridades adquiere mayor relevancia porque la compañía vendió equipo y tecnología a la Fiscalía General del Estado de Baja California, incluido un sistema de reconocimiento facial. La pregunta sobre el posible acceso a información sensible quedó sin respuesta durante la conferencia presidencial.
Sheinbaum explicó que la UIF revisó las cuentas de las empresas incluidas en las sanciones estadounidenses y detectó irregularidades financieras, pero aseguró que no cuenta con pruebas que permitan establecer una relación con organizaciones criminales.
"No se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo", afirmó la presidenta, quien agregó que el gobierno mexicano tampoco ha recibido información estadounidense que sustente esas acusaciones.
La posición mexicana contrasta con la decisión del Departamento del Tesoro, que el 29 de septiembre incluyó a Inteliproof Efficient en su lista de sanciones. La autoridad estadounidense vinculó formalmente a la compañía con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado como integrante de una red de apoyo financiero al Cártel de Sinaloa.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la Fiscalía bajacaliforniana contrató a Inteliproof entre 2022 y 2025 para adquirir uniformes, equipo táctico, mobiliario y tecnología.
El recuento de la organización, que incorpora documentos públicos e investigaciones periodísticas, ubica las contrataciones por encima de 200 millones de pesos. Entre los contratos aparece un sistema de reconocimiento facial adquirido en 2025.
Reacción y postura de la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobierno mexicano
Su existencia introduce una interrogante distinta a las investigaciones sobre lavado de dinero: qué información pudo manejar la compañía, bajo qué condiciones operó sus sistemas y si las autoridades revisaron posibles vulnerabilidades después de conocer las sanciones.
La presidenta se concentró en el procedimiento de la UIF para congelar cuentas, atender aclaraciones de los afectados y determinar si existen elementos suficientes para mantener las restricciones.
Sheinbaum defendió que las irregularidades detectadas por la autoridad financiera mexicana no equivalen necesariamente a vínculos con organizaciones criminales. Esa distinción resulta jurídicamente relevante, aunque tampoco invalida por sí misma la información utilizada por Washington para imponer sus sanciones.
Con información de Roberto Cortez en Ovaciones.
