Una muerte y 200 órdenes de aprehensión: el escándalo de huachicol fiscal que sacude a México

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, desarticuló una red de contrabando de combustible —conocido como huachicol fiscal— mediante un operativo que dejó como saldo la detención de 14 personas, entre ellas empresarios, funcionarios de aduanas y elementos activos y retirados de la Marina. La persona de mayor rango detenida es el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda.

De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) tienen bajo la lupa a más de 200 personas, contra quienes se solicitarán órdenes de aprehensión por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos a través de aduanas y puertos clave del país.

Una red con alcance nacional

Los implicados incluyen agentes aduanales, administradores, subadministradores, personal operativo y empresarios, quienes, según las autoridades, operaban mediante un esquema de colusión que permitía el ingreso de combustible sin el pago de impuestos, aprovechando vacíos legales y corrupción interna.

El caso ha generado alta atención por los nombres involucrados. Además del vicealmirante Farías, las investigaciones señalan al exgobernador de Baja California y exsenador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, como uno de los principales socios de Ingemar S.A. de C.V., empresa vinculada con el decomiso de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.

Aunque Ruffo ha negado vínculos con actividades ilícitas, la FGR ya habría solicitado una orden de aprehensión en su contra, además de otros directivos de la empresa, que en 2019 modificó su objeto social para incursionar en el sector energético.

Decomisos históricos y muerte de un mando naval

Los decomisos más significativos ocurrieron en marzo y julio de 2025, cuando las autoridades incautaron 10 millones de litros de diésel en Tampico y 15 millones más en Coahuila. Las operaciones revelaron un modus operandi que incluía la clasificación fraudulenta de combustibles como aditivos para evadir impuestos.

En medio de estas investigaciones, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado muerto en sus oficinas. Aunque la Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento sin ofrecer detalles, versiones extraoficiales señalan un posible suicidio. Pérez Ramírez había sido señalado por presuntos actos de corrupción relacionados con el huachicol fiscal, aunque no existía una orden de aprehensión en su contra al momento de su muerte.

Compromiso con la "cero impunidad"

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el caso no quedará impune y reiteró que su gobierno mantiene una política de “cero impunidad”. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la desarticulación de redes de corrupción en aduanas es una prioridad del actual sexenio.

Las 14 personas detenidas hasta el momento incluyen tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas. Todos están vinculados con el ingreso ilegal de diésel a través de los principales puertos y fronteras del país.

Aduanas, el talón de Aquiles

Según la FGR, las aduanas mexicanas han sido el punto crítico en esta red de contrabando, operada con la complicidad de funcionarios que facilitaban el ingreso irregular de hidrocarburos. Se utilizaban sobornos y simulaciones para eludir el pago de impuestos, lo que representó pérdidas millonarias para el erario.

La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se liberen nuevas órdenes de aprehensión contra actores del sector público y privado implicados en esta red de corrupción.

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