Corte Suprema de EE.UU. bloquea demanda de México contra fabricantes de armas
La decisión blinda a dos empresas por prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas hacia México
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves 5 de junio la demanda del Gobierno de México contra varios fabricantes y distribuidores estadounidenses de armas de fuego, al considerar que las empresas están protegidas por una ley federal.
Con esta decisión, el máximo tribunal impide que el caso avance y blinda legalmente a las compañías acusadas de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia los cárteles del narcotráfico en México.
México reclamaba miles de millones por daños
La demanda, presentada en 2021 ante un tribunal federal en Boston, buscaba que empresas como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms, Beretta, Glock, Ruger e Interstate Arms, entre otras, fueran consideradas responsables por prácticas comerciales que, según el Gobierno mexicano, han contribuido directa e indirectamente a la violencia armada en el país. México solicitaba 10 mil millones de dólares en daños y perjuicios, además de medidas cautelares para frenar el flujo de armas desde EE.UU.
En este ocasión, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson SWBI.O y el distribuidor Interstate Arms.
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Argumentos del Gobierno mexicano
El Gobierno de México alegó que estas compañías han mantenido un sistema de distribución que permite que vendedores en Estados Unidos comercialicen armas a compradores de paja (personas que adquieren armas legalmente para transferirlas ilegalmente a terceros), quienes posteriormente las introducen de contrabando al país.
Según la demanda, las empresas sabían que sus armas terminaban en manos del crimen organizado y no tomaron medidas suficientes para prevenirlo.
También se les acusó de diseñar y publicitar armas con estética militar, incluyendo referencias a fuerzas armadas estadounidenses o elementos culturales mexicanos, con el objetivo de atraer a compradores ligados a los cárteles.
México, que tiene leyes estrictas sobre el uso y posesión de armas, estima que el 70% de las armas incautadas en crímenes dentro de su territorio provienen de Estados Unidos, y que el mercado ilegal de armas trasfronterizo tiene un valor de más de 250 millones de dólares anuales.
La defensa de los fabricantes de armas
Las compañías argumentaron que fabrican y venden productos legales conforme a la legislación estadounidense, y solicitaron el rechazo de la demanda bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), promulgada en 2005. Esta norma protege a los fabricantes de armas frente a demandas cuando sus productos son usados en actos delictivos, a menos que se demuestre que violaron alguna ley específica.
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En 2024, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston permitió que el caso avanzara al considerar que las alegaciones del Gobierno mexicano podían constituir una violación de la ley. Sin embargo, las empresas apelaron ante la Corte Suprema, que decidió intervenir.
Fallo unánime de la Corte Suprema
En una decisión unánime de 9 votos contra 0, la Corte Suprema revirtió la decisión del tribunal de apelaciones y desestimó definitivamente la demanda. La jueza Elena Kagan, encargada de redactar la opinión del tribunal, argumentó que México no logró presentar alegaciones plausibles de que las empresas fabricantes "participaran activamente" en violaciones legales relacionadas con la venta ilícita de armas.
“No tenemos dudas de que algunas de esas ventas ocurren y que los fabricantes lo saben. Pero México no ha demostrado que estas empresas hayan actuado con la intención de que esas ventas ilegales se concretaran”.
La Corte también enfatizó que la estructura comercial del sector armamentista estadounidense, basada en distribuidores mayoristas independientes, debilita la acusación de que los fabricantes controlan o conocen con precisión a qué minoristas venden armas.
¿Qué implica el fallo?
El tribunal señaló que la excepción legal prevista en la PLCAA, que permite demandas solo si hay complicidad activa en violaciones legales, no aplica en este caso. “El carácter sistémico de las acusaciones de México aumenta su carga probatoria”, señaló la Corte, al indicar que la demanda no identifica transacciones específicas en las que los fabricantes hayan colaborado directa o intencionadamente con traficantes.
También rechazó el argumento de que el diseño y marketing de las armas estuviera específicamente dirigido a los cárteles: “No se puede acusar a los fabricantes de colaborar en actos delictivos solo porque a los miembros de los cárteles también les gustan esas armas”, dijo el fallo.
México abre otros frentes legales
México ha buscado otras vías judiciales. En 2022 presentó una segunda demanda en Arizona contra cinco distribuidores de armas, en un caso que continúa en proceso y que podría verse afectado por el precedente que sienta la decisión del Supremo.
El Gobierno Mexicano ha sostenido que este tipo de litigios busca visibilizar la responsabilidad de la industria armamentista estadounidense en la crisis de violencia que afecta a su territorio. Para México, el fallo representa un obstáculo, pero no el final de su ofensiva legal internacional para frenar el flujo ilegal de armas.
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