El papel de México en la suerte judicial de capos en EE.UU.
EE.UU. no pedirá la pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada, Caro Quintero, y Carrillo Fuentes
La reciente decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de no solicitar la pena de muerte para Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes ilustra cómo la política exterior, las garantías constitucionales y los acuerdos bilaterales condicionan el destino legal de algunos de los criminales más buscados del continente.
El anuncio del DOJ llega meses después de que México extraditara a Caro Quintero y Carrillo Fuentes, en lo que se interpretó como un gesto de cooperación de la administración de Claudia Sheinbaum hacia el gobierno de Donald Trump, que ha presionado públicamente a México para redoblar su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esa cooperación está sujeta a límites constitucionales que, en la práctica, alteran los posibles desenlaces de los procesos judiciales de los implicados en Estados Unidos.
La extradición con condiciones: un freno a la pena de muerte
Desde 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Estado mexicano no puede extraditar a una persona si existe la posibilidad de que sea condenada a muerte. Este criterio, basado en el respeto a los derechos humanos y en la abolición de la pena capital en México, obliga a las autoridades estadounidenses a firmar compromisos explícitos de no buscar dicha condena en los casos de extradición.
Es bajo este marco legal que se entienden decisiones como la del DOJ este 5 de agosto, cuando comunicó oficialmente a las cortes del Distrito Este de Nueva York que ya no buscará la pena de muerte para los tres narcotraficantes mexicanos, incluyendo a ‘El Mayo’ Zambada, quien fue trasladado a EE.UU. en circunstancias aún poco claras. El capo alegó haber sido llevado “bajo engaños” y, en febrero, envió una carta al Gobierno mexicano solicitando su repatriación para evitar una eventual condena capital.
Cooperación binacional, pero con límites
“México ha hecho valer su soberanía en materia de derechos humanos incluso cuando ha cooperado ampliamente con EE.UU. en materia de seguridad”, señala el investigador en justicia transnacional José Reveles. “La negativa a permitir la pena de muerte, aun en casos de alto impacto, es un mensaje firme de que hay líneas rojas que no se cruzan”.
Esto ha llevado a que Estados Unidos opte por condenas de cadena perpetua o largas sentencias en prisiones de máxima seguridad, como ocurrió con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, actualmente recluido en la prisión ADX Florence. En su caso, también fue necesaria la promesa formal de no aplicar la pena de muerte.
La paradoja de Trump: presión dura, justicia contenida
La política de presión de Trump hacia México —especialmente en temas de narcotráfico y migración— ha sido constante. Sin embargo, la retirada de la pena de muerte en estos casos muestra la complejidad de esa relación: mientras la Casa Blanca exige “mano dura”, el sistema judicial estadounidense debe operar dentro del marco legal impuesto por los tratados internacionales y las condiciones de extradición que prioriza México.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, este tipo de cooperación con Washington representa un delicado equilibrio: por un lado, muestra disposición a colaborar contra el crimen organizado; por el otro, sostiene los principios constitucionales que han guiado la política exterior mexicana en temas de derechos humanos.
Mientras los capos enfrentan juicios que podrían terminar en cadena perpetua, México demuestra que, aún desde la extradición, puede influir en el destino de quienes en algún momento desafiaron al Estado desde el poder del narcotráfico.
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