El sismo en Colombia dejaría una factura multimillonaria; ¿cuánto puede pedir prestado y cómo afectaría su deuda?

Cuando todavía hay rescatistas buscando sobrevivientes entre los escombros, Colombia ya enfrenta otra pregunta que acompañará al país durante meses: quién va a pagar la reconstrucción.

El terremoto que golpeó el occidente colombiano este 10 de agosto deja al menos 254 personas fallecidas, más de 5 mil viviendas dañadas y afectaciones en hospitales, aeropuertos, redes eléctricas, agua y comunicaciones. Pereira y Cali aparecen entre las ciudades más golpeadas, mientras casi un centenar de réplicas ha complicado las labores de emergencia.

La primera bolsa importante de dinero podría llegar del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no se trata de una donación de 450 millones de dólares. Colombia contrató previamente un crédito contingente de 400 millones de dólares y después del terremoto el BID anunció disponibilidad adicional de recursos para la emergencia. Activar ese financiamiento puede dar liquidez rápidamente, pero también significa incorporar obligaciones que deberán pagarse en los próximos años.

A quién le pediría Colombia los 450 millones de dólares y cómo funciona ese dinero

La mayor parte corresponde al BID. Antes del terremoto, Colombia había contratado con el organismo una Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública por 400 millones de dólares.

Ese instrumento funciona prácticamente como una línea financiera de emergencia. El dinero queda preparado antes de que ocurra el desastre y puede desembolsarse rápidamente si sucede un evento que reúna las condiciones pactadas, como un terremoto. Su objetivo es pagar asistencia humanitaria, restablecimiento de servicios básicos y medidas inmediatas de respuesta, mientras el Gobierno organiza recursos de mayor plazo para la recuperación.

No es dinero gratuito. Las condiciones vigentes del BID contemplan una tasa basada en SOFR más márgenes del organismo, una comisión de desembolso de 0.5% y plazos flexibles que pueden llegar hasta 25 años, dependiendo de la operación.

Colombia cuenta además con otra protección financiera ya contratada. El Banco Mundial aprobó en 2025 una línea de 200 millones de dólares tipo Cat DDO, diseñada justamente para que el país pueda obtener recursos después de terremotos, inundaciones u otras catástrofes de gran impacto. Ese dinero también puede desembolsarse parcial o totalmente si se cumplen las condiciones establecidas.

A esos créditos se suman aportaciones que sí son ayuda directa. Estados Unidos comprometió 15.5 millones de dólares y la CAF anunció una donación de 500 mil dólares para atender necesidades humanitarias.

En qué se utilizaría el dinero y por qué 450 millones podrían quedarse cortos

Los recursos contingentes no están pensados únicamente para reconstruir edificios. En las primeras semanas sirven para financiar albergues, atención médica, alimentos, agua, transporte de emergencia, restablecimiento de electricidad y comunicaciones, además de rehabilitación inicial de infraestructura.

El problema aparece después.

Los reportes hablan de más de 5 mil viviendas dañadas, hospitales afectados, aeropuertos cerrados y regiones que durante horas permanecieron sin electricidad, agua o comunicación. Cali tuvo que prestar atención hospitalaria incluso en espacios exteriores después de daños en instalaciones médicas.

La reconstrucción completa incluye otra escala de gastos: viviendas nuevas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, redes de agua y energía, infraestructura aeroportuaria y apoyo a empresas que dejaron de operar.

Además, el terremoto golpeó la región cafetera de Risaralda, una zona económicamente relevante. Eso implica pérdidas no solamente en inmuebles, sino también en producción, comercio, empleo y actividad turística.

¿Ese dinero aumentará la deuda y podría terminar afectando el bolsillo de los colombianos?

Sí, los créditos que Colombia desembolse incrementan sus obligaciones financieras, aunque eso no significa que mañana aparezca automáticamente un nuevo impuesto para cada colombiano.

Primero, el Gobierno recibe recursos y adquiere una obligación de pagar capital e intereses durante los próximos años. Eso presiona el presupuesto porque una mayor proporción de los ingresos futuros deberá utilizarse para servicio de deuda.

Colombia ya llegaba a la emergencia con una situación fiscal complicada. El nuevo presidente Abelardo de la Espriella asumió prometiendo austeridad, reducción del tamaño del Estado y disciplina fiscal, precisamente ante el elevado déficit y el nivel de deuda heredado.

El terremoto cambia parte de ese plan. Recursos destinados a otros programas pueden tener que moverse hacia reconstrucción y, si el presupuesto ordinario no alcanza, el Gobierno puede recurrir a más deuda, reasignaciones presupuestales o medidas tributarias extraordinarias.

Aquí entra la posible emergencia económica. La Constitución colombiana permite declarar un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando una calamidad altera gravemente el orden económico o social. Durante ese periodo, el presidente puede emitir decretos con fuerza de ley directamente relacionados con la crisis.

Y Colombia tiene un antecedente muy reciente. La emergencia económica declarada en febrero de 2026 por desastres climáticos permitió posteriormente expedir medidas tributarias, cambios presupuestales y facultades financieras especiales para gobernadores y alcaldes.

Por ahora, el Gobierno enfrenta una secuencia complicada: rescatar, atender, cuantificar daños y después conseguir el dinero suficiente para reconstruir.

Los 400 millones del BID y otras líneas contingentes permiten ganar tiempo. Pero la verdadera dimensión económica del terremoto aparecerá cuando Colombia sepa cuánto cuesta reconstruir cada vivienda, hospital, carretera y servicio que dejó de funcionar.

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