Estados Unidos permitirá a Trump seguir deportando migrantes
Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos permitió al gobierno de Donald Trump continuar con una política que facilita la deportación rápida de migrantes a terceros países. El fallo suspende temporalmente una orden judicial previa que bloqueaba la medida
Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos decidió suspender una orden de un juez que había declarado ilegal una política migratoria del gobierno de Donald Trump. Con esta decisión, el gobierno podrá continuar deportando migrantes a terceros países de manera acelerada mientras el litigio sigue su curso.
La medida permite deportar a migrantes a países distintos al de su origen, incluso si esos países no estaban incluidos originalmente en su orden de expulsión. Las autoridades pueden hacerlo siempre que obtengan garantías diplomáticas de seguridad o den un aviso mínimo previo a la deportación.
Por qué se había bloqueado
Un juez federal había declarado previamente que esta política violaba el derecho al debido proceso, porque permitía deportaciones rápidas sin dar tiempo suficiente para que los migrantes argumentaran que su vida corría peligro en el país al que serían enviados.
El tribunal decidió levantar temporalmente el bloqueo en tanto continuaba el proceso judicial. El caso podría llegar nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definirá si la política migratoria es legal o no.
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Política migratoria de Trump
La medida forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio, que incluye redadas, detenciones y acuerdos entre agencias para facilitar la identificación de migrantes sin estatus legal.
Entre esas acciones está el intercambio de datos entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que permite rastrear direcciones y datos fiscales para localizar a personas que podrían ser deportadas.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión a través de su cuenta en la red social X. En su publicación indicó que el fallo representa un respaldo a las acciones del gobierno para reforzar la política migratoria y permitir que las autoridades continúen con las deportaciones de personas que permanecen en el país sin estatus legal.
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