¿Quién es "Tony Montana"? El hermano de "El Mencho" se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a territorio estadounidense. Además, aceptó un cargo por utilizar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar las operaciones de narcotráfico.

Con esta declaración de culpabilidad, Oseguera evita ir a juicio en Estados Unidos, luego de que su defensa alcanzara un acuerdo con la Fiscalía para resolver el caso.

Más de dos décadas ligado al narcotráfico

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el ciudadano mexicano de 67 años participó durante más de dos décadas en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Entre 2002 y 2010 formó parte del Cártel del Milenio, donde presuntamente supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a grupos rivales, coordinó laboratorios de metanfetamina y obtuvo precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.

Posteriormente pasó a integrar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde, según las autoridades estadounidenses, reportaba directamente a su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Los expedientes judiciales señalan que impulsó las operaciones del grupo criminal mediante el suministro de precursores químicos para laboratorios de metanfetamina, la distribución de drogas hacia Estados Unidos y la administración de recursos obtenidos por el narcotráfico, incluidos esquemas de lavado de dinero mediante casas de cambio. También acostumbraba portar una pistola durante reuniones relacionadas con esas actividades y mientras recolectaba las ganancias de la organización.

El acuerdo con la Fiscalía

El cambio de declaración fue resultado de un acuerdo negociado durante más de un año entre la defensa de Oseguera Cervantes y la Fiscalía federal.

En una solicitud conjunta presentada ante la Corte, ambas partes informaron que habían alcanzado un convenio de culpabilidad y solicitaron tiempo adicional para concluir la documentación antes de formalizar el cambio de declaración.

Ahora será el juez federal quien determine la pena que deberá cumplir.

Sentencia programada para noviembre

La audiencia de sentencia fue fijada para el 13 de noviembre de 2026.

Antonio Oseguera enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una sanción máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas, de acuerdo con la legislación estadounidense. La condena será determinada con base en las Guías Federales de Sentencias y otros factores establecidos por la ley.

De la captura en México a la extradición

Las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a Oseguera Cervantes en septiembre de 2022 por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con armas de fuego.

Tres meses después fue detenido durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde era identificado como uno de los principales operadores financieros del CJNG e investigado por presuntas actividades de lavado de dinero, compra de armamento y coordinación de la producción de drogas sintéticas.

Tras permanecer cerca de tres años combatiendo su extradición, fue entregado al Gobierno de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos Rafael Caro Quintero, para enfrentar distintos procesos penales relacionados con narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas.

Autoridades destacan la colaboración de México

El Departamento de Justicia informó que la investigación fue desarrollada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ para concretar el traslado de Oseguera Cervantes.

La dependencia también agradeció la colaboración del Gobierno de México para garantizar la comparecencia del acusado ante la justicia estadounidense.

El caso es encabezado por la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas y por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal del DOJ, encargadas de investigar y desmantelar las estructuras financieras de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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