¿Quiénes siguen? EE.UU. va por más acusaciones contra políticos mexicanos: Capos podrían delatarlos

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad y narcotráfico. Esta vez, la tensión escaló luego de que el fiscal general interino del país vecino, Todd Blanche, lanzara una advertencia que cimbró al escenario político mexicano: “vendrán más” acusaciones contra funcionarios y políticos presuntamente vinculados con cárteles de la droga.

La declaración ocurrió durante una entrevista con el medio estadounidense News Nation, donde el funcionario confirmó que las investigaciones contra figuras del gobierno mexicano no se detendrán, incluso después de las recientes acusaciones contra funcionarios de Sinaloa.

La frase que encendió las alarmas

Todo comenzó cuando la periodista Ali Bradley le preguntó directamente a Blanche si podrían venir más acusaciones formales contra políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado.

La respuesta fue contundente:

“Claro que sí. Ya hemos acusado formalmente a varios funcionarios del gobierno mexicano, incluso recientemente a un juez. Y eso es algo que continuará”.

La afirmación cayó como bomba política porque ocurre apenas días después de que fiscales federales en Nueva York señalaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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El caso Rocha Moya y la investigación que abrió una nueva etapa

El pasado 30 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa ligada a “Los Chapitos”.

Entre los nombres más relevantes aparecieron:

• Rubén Rocha Moya

• Enrique Inzunza Cázarez

• Juan de Dios Gámez Mendívil

Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política y logística a favor del narcotráfico, facilitando operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El expediente fue presentado ante la jueza federal Katherine Polk Failla, en el Distrito Sur de Nueva York.

“No bajaremos la guardia”

Durante la entrevista, Blanche insistió en que la estrategia de Washington contra los cárteles ya no se limita a los líderes criminales, sino también a los funcionarios públicos presuntamente relacionados con ellos.

“Es algo que hemos hecho antes, pero ciertamente lo seguiremos haciendo”, reiteró.

Además, explicó que la cooperación de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos podría provocar nuevas investigaciones y más acusaciones contra políticos mexicanos.

“Algunos probablemente querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en cargos adicionales”.

La declaración apunta directamente a capos que actualmente negocian con autoridades estadounidenses, entre ellos integrantes de la facción de “Los Chapitos”.

La pieza clave: los narcos que podrían hablar

Uno de los puntos más sensibles de las declaraciones de Blanche fue la referencia a criminales mexicanos que ya se encuentran bajo custodia en Estados Unidos.

Entre ellos destacan:

• Ovidio Guzmán López

• Joaquín Guzmán López

• Ismael Zambada García

• Rafael Caro Quintero

• Omar Treviño Morales

De acuerdo con el fiscal interino, varios de estos líderes podrían colaborar con el gobierno estadounidense a cambio de beneficios judiciales, lo que abriría la puerta a nuevas imputaciones contra funcionarios mexicanos.

La presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum

Aunque Blanche aseguró que actualmente existe una “muy buena relación” con el gobierno mexicano, dejó claro que esa cooperación depende del combate al narcotráfico y del intercambio de información.

“México reconoce la importancia de nuestra relación y que esta depende de la cooperación en temas migratorios, combate al tráfico de drogas y asuntos similares”, sostuvo.

Sin embargo, el contexto ocurre en medio de crecientes presiones de la administración de Donald Trump, quien ha endurecido el discurso contra los cárteles mexicanos.

Incluso, este mismo miércoles, Trump volvió a amenazar con una posible intervención más agresiva contra organizaciones criminales en territorio mexicano.

El mensaje de Washington: ahora van por la estructura política

La ofensiva estadounidense marca un cambio importante: ya no se trata únicamente de perseguir a líderes criminales, sino de investigar posibles redes de protección política.

La acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa encendió alertas porque, según documentos judiciales, presuntamente existía colaboración institucional con grupos criminales para mantener operaciones de narcotráfico y asegurar poder político.

De confirmarse judicialmente, sería uno de los golpes más severos contra estructuras políticas mexicanas señaladas por presuntos nexos con el crimen organizado.

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Un escenario que podría escalar

Las declaraciones de Todd Blanche dejan abierta una pregunta que ya circula dentro de la política mexicana: ¿quiénes siguen?

Por ahora, Estados Unidos insiste en que las investigaciones continuarán y que la cooperación de narcotraficantes detenidos podría revelar nuevos nombres dentro del aparato político mexicano.

Mientras tanto, la presión internacional crece y el tema amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos diplomáticos y judiciales entre ambos países en los próximos meses.

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