Moreira cuestiona legalidad de la nueva Ley de Aguas; violaría este artículo

La reciente aprobación de la legislación en materia de aguas en el Congreso de la Unión ha generado una fuerte controversia, lo que ha desatado riesgos que podrían ser irreversibles, así lo consideró Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, calificando la ley como un “duro golpe a los productores” y un proceso legislativo marcado por el desaseo.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega para ''Con Ortega a las 10'' de El Financiero TV, Moreira extendió su crítica más allá de los agricultores, ganaderos y mineros, advirtiendo que la ley sienta precedentes para nuevas normas en las ciudades, como la obligación de notificar a la autoridad sobre la captación de agua de lluvia.

Inconstitucionalidad por Falta de Consulta

El principal señalamiento del legislador es la violación al derecho constitucional de los pueblos originarios. El Artículo 2 de la Carta Magna establece la obligatoriedad de consultar a estas comunidades en normas que afecten recursos naturales o el medio ambiente, una condición que, según Moreira, fue totalmente ignorada.

“Es una violación terrible a los derechos humanos... que las normas que toquen intereses de tierra o medio ambiente o recursos naturales de comunidades originarias tienen que ser consultadas, no se consultó,” afirmó el diputado, desestimando los intentos de la mayoría oficialista de justificar el proceso con consultas realizadas en años previos.

Moreira denunció que el proceso fue un “total desaseo” y se realizó “a espaldas de los productores”. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados en una sesión de 25 horas, el dictamen fue enviado y aprobado en el Senado a una velocidad inverosímil. “Es imposible leer 600 páginas en 4 horas,” señaló el legislador, insinuando que la votación se realizó sin el debido análisis por parte de los senadores.

Riesgos y el Artículo 22: El Fin de la Certeza Jurídica

El legislador detalló que a la ley le faltó el consenso con los productores y que se recurrió a “argumentos falaces” para justificarla, como la mención de concesiones de agua de políticos opositores, cuando, según Moreira, miembros del partido gobernante contaban con una mayor cantidad de estas.

El punto medular de la inconformidad, que ha derivado en bloqueos de carreteras y puentes internacionales, es la afectación a la certeza jurídica de las concesiones. El Artículo 22 establece que los derechos amparados en las concesiones “no serán objeto de transmisión”, un cambio que, a pesar de las promesas de la mayoría legislativa, permanece sujeto a procedimientos tan engorrosos que anulan en la práctica la capacidad de los productores para vender, heredar o usar como garantía de crédito sus derechos de agua.

Además, la nueva legislación penaliza actividades antes comunes, creando penas de cárcel por el simple “traslado” de agua, incluso si esta se presta dentro de un mismo rancho para fines productivos o domésticos.

Dilema Urbano vs. Rural

Moreira concluyó enfatizando una disyuntiva: el derecho humano al agua no puede solventarse a costa del derecho a la alimentación. Criticó la ineficiencia de la red hídrica en las grandes urbes, donde “del 100 por ciento de agua que llega se tira el 40 por ciento en la red”.

En este contexto, el diputado consideró “injusto” quitarle el recurso a los campesinos de estados como Hidalgo o Morelos, siendo el sector primario uno de los pocos que mostraba crecimiento económico. La única vía que vislumbra la oposición para echar abajo la ley es que los pueblos originarios acudan a la Suprema Corte por la omisión de la consulta.