Ley de aguas y bloqueos carreteros, qué aprobaron los diputados y qué quieren los manifestantes

Mientras la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Aguas Nacionales y la reforma a la Ley General de Aguas, y la analizan en lo particular, un nuevo ciclo de protestas y bloqueos carreteros se desató en diversas partes del país.

Y es que productores agrícolas, molestos por la exclusión de sus demandas en la discusión legislativa, reactivaron las protestas en puntos clave, entre ellos Guanajuato, Aguascalientes, Sonora, Zacatecas y Chihuahua, con tractores y maquinaria pesada.

Ley de Aguas aprobadas en lo general

La Ley de Aguas, que fue votada en fast-track y con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, incluye sanciones más estrictas por delitos hídricos, como el acaparamiento y la extracción ilegal del agua.

Sin embargo, los campesinos han cuestionado los cambios propuestos, alegando que afectan negativamente a los pequeños productores y que no se incorporaron mecanismos que respondan a las necesidades del sector agrícola.

Los bloqueos y caravanas de agricultores que se dirigieron hacia la Ciudad de México desde varios estados, incluyen demandas urgentes: garantizar el derecho de transmisión de las concesiones de agua con la tierra, modificar artículos que podrían poner en riesgo la herencia de las concesiones y proteger a los productores de las grandes empresas.

Los manifestantes consideran que la reforma podría reducir el valor de las tierras de cultivo y poner en peligro su actividad productiva.

En el Congreso, la discusión sobre la Ley de Aguas se ha intensificado. La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, defendió la reforma, asegurando que con ella se acabará con el "botín político y económico" del agua, beneficiando a comunidades rurales, pueblos indígenas y ejidos. Sin embargo, los opositores critican la falta de consulta suficiente con las comunidades afectadas y cuestionan la viabilidad del nuevo marco legal para garantizar la seguridad jurídica de los campesinos.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) también ha advertido sobre las implicaciones que tendría la nueva legislación sobre la transmisión de las concesiones de agua, señalando que esta prohibición afectaría especialmente a los pequeños productores, reduciendo la competitividad del campo mexicano.

Reacciones y movilizaciones en curso

A pesar de los intentos de las autoridades para avanzar rápidamente con la legislación, las protestas continúan. Productores han bloqueado carreteras clave, como la autopista 57 en Guanajuato, y algunos grupos de campesinos han anunciado caravanas hacia otras rutas en protesta contra lo que consideran un trato injusto en la Ley de Aguas.

En particular, la CNC ha subrayado la necesidad de que el nuevo marco legal contemple los derechos históricos de los productores y se establezca un sistema justo para el manejo de los recursos hídricos.

En la Cámara de Diputados, el clima ha sido tenso, con manifestaciones de rechazo de los legisladores opositores, como el panista Agustín Rodríguez, quien acusó a Morena de intentar imponer un "monopolio hídrico".

Prevén sanciones

La reforma propone penas severas para quienes infrinjan las nuevas regulaciones, lo que genera más incertidumbre entre los campesinos respecto a la viabilidad de sus operaciones.

El gobierno, por su parte, sigue defendiendo la reforma como un paso necesario para garantizar la distribución equitativa del agua y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los pequeños productores agrícolas. Sin embargo, las organizaciones campesinas insisten en que aún no se ha dado respuesta a sus principales demandas y que, sin un adecuado sistema de consulta y ajustes, los cambios legislativos pueden agravar la situación de las regiones más vulnerables.

Las movilizaciones continúan en el país, con la advertencia de que si no se toman en cuenta sus peticiones, los campesinos podrían extender los bloqueos y manifestaciones en las próximas semanas, afectando aún más la movilidad y las actividades comerciales del país.

Lo que aprobaron los diputados

• Derecho humano al agua: Garantiza el acceso al agua para todos los mexicanos.

• Prohibición de acaparamiento: Impide la concentración de agua en manos de unos pocos.

• Sanciones por delitos hídricos: Hasta 12 años de prisión y multas por extracción ilegal o desvío de agua.

• Eliminación de la transmisión de concesiones: Las concesiones de agua no podrán ser heredadas ni vendidas con la tierra.

• Registro Nacional del Agua: Creación de un sistema para ordenar el uso y explotación del recurso hídrico.

• Fondo de Reserva de Aguas Nacionales: Para reasignar volúmenes de agua con criterios estratégicos.

• Evaluación de prórrogas: Las prórrogas de concesiones serán evaluadas por la autoridad.

• Tecnificación del riego: Fomento a la eficiencia en el uso del agua en la agricultura.

• Fortalecimiento del control estatal: El agua será gestionada por el Estado, no por intereses privados.

• Endurecimiento de sanciones: Multas y penas por violaciones al uso y explotación del agua.

Las demandas de los trabajadores agrícolas

• Reconocimiento de derechos ganaderos: Asegurar los derechos hídricos de la ganadería en la ley.

• Registro de pozos existentes: Formalizar los pozos de agua utilizados en diferentes regiones.

• Inversiones para recuperar el agua: Solicitan recursos públicos para mejorar la infraestructura hídrica.

• Modificación en la transmisión de concesiones: Que las concesiones de agua puedan ser transmitidas junto con la tierra.

• Prórrogas de concesiones: Garantizar que las concesiones de agua sean prorrogadas de acuerdo con los títulos vigentes.

• Protección para pequeños productores: Asegurar que los pequeños productores no sean afectados por grandes empresas.

• Consultas previas con los afectados: Realizar estudios técnicos y consultar a los usuarios antes de tomar decisiones sobre el agua.

• Definición clara de los derechos de agua: Clarificar cómo se manejarán los derechos de agua en caso de venta de tierras.

• Sanciones justas para comunidades indígenas: Que las sanciones por desvío de cauces no afecten a los pueblos indígenas si es para uso tradicional.

• Equidad en el uso del agua: Que haya una distribución equitativa del recurso, especialmente para las comunidades rurales y campesinas.

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