¿Por qué los menores de edad reciben penas diferentes?

El sistema integral de justicia penal para adolescentes fue creado a nivel internacional y adoptado por México con la idea de brindar un trato diferenciado a los adolescentes en conflicto, explicó Elliot Velázquez, abogado penalista, en entrevista con Sofía Villalobos, en nombre de Guillermo Ortega.

“Ya no se les llama delincuentes, no se les llama imputados. Incluso, la terminología jurídica es distinta a la que se utiliza en un proceso penal para adultos o para personas mayores de edad”.

De acuerdo con el entrevistado, lo que se busca es evitar que el adolescente incurra en mayores conductas delictivas. Por ello, se maneja un trato diferenciado mediante el cual se pretende una readaptación social más eficaz, para lograr que ese adolescente se convierta en un adulto con un mejor desarrollo social y mayores herramientas para enfrentar las consecuencias de la conducta que pudo haber cometido durante su adolescencia.

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Los casos en México

Velázquez afirmó que la sanción corresponde al sistema internacional, el cual ha tratado de regular, a través de tratados internacionales, las sanciones penales para adolescentes en conflicto con la ley. Por ello, en México se distinguen tres rangos de edad para poder ser sujetos a este sistema de justicia para adolescentes.

• De 12 a 14 años, no ameritan una pena privativa de la libertad por el delito que puedan cometer.

• De 14 a 16 años, la pena máxima puede ser de tres años.

• De 16 años hasta un día antes de cumplir 18, la pena máxima es de cinco años.

Es decir, lo que se busca es readaptar a esos adolescentes para que tengan una vida adulta integrada a la sociedad y no sancionarlos de por vida.

“Cosa que en otros países sí ocurre. En México, el debate hoy en día es por qué tenemos que limitarnos a esas sanciones, porque a nivel internacional ese ha sido el estándar que ha regido, ya que el sistema de readaptación social para jóvenes infractores es distinto al de un adulto, donde se supone que la manera en la que asumen la conducta delictiva también es diferente”.

El especialista expresó que considera que la sanción para un adolescente debe ser diferenciada, justamente porque, por su edad, desarrollo y capacidades cognitivas, necesita un tratamiento distinto y no solamente limitarse a una sanción penal, como ocurre en los casos de los adultos.

Reforma de la ley

“La ley para adolescentes contempla un catálogo de delitos por los cuales sí se les puede imponer una pena de internamiento. El homicidio doloso, como es este caso, o el feminicidio, entre otros, forman parte del catálogo de delitos que pueden ameritar un internamiento”.

“Sí se puede reformar. El grupo político en el poder hoy en día tiene los votos, pero implicaría, primero, reformar la Constitución. Reformarla para elevar las penas, como ya se está proponiendo en algunos países de Latinoamérica o en Italia"

El entrevistado detalló que se podría reformar la Constitución, pero eso no hará que los jóvenes en situación de vulnerabilidad dejen de delinquir o de ser presa de grupos criminales.

El papel del Estado

Velázquez afirmó que el Estado le está fallando a las juventudes y a la niñez, como también le ha fallado a las mujeres y a la población en general. Aclaró que no se trata únicamente del gobierno actual, sino de una omisión que se ha mantenido durante décadas.

“Los jóvenes hoy en día son una presa muy vulnerable. Hemos escuchado muchos casos de reclutamiento forzado; casi siempre son adolescentes de secundaria o preparatoria. Ese grupo de jóvenes está abandonado. El Estado no les genera oportunidades ni las condiciones que les permitan un mejor desarrollo”.

El entrevistado dijo que el problema no se combate únicamente con becas. Señaló que los jóvenes requieren un entorno de oportunidades para desarrollarse de manera sana y evitar caer en conductas delictivas o integrarse a una organización criminal.

“Lo que sí creo es que el propio sistema y la propia ley para adolescentes contemplan figuras mediante las cuales se busca que, a través de un acompañamiento psicológico, tanto del adolescente infractor como de las víctimas directas o indirectas, puedan tener un acercamiento. Puede haber pláticas acompañadas por asesoría técnica, es decir, abogados, ministerios públicos y psicólogos, para que, en algún punto del proceso penal para adolescentes, puedan buscar una forma de reconciliación o de perdón”, puntualizó.

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