¿Realmente bajaron los homicidios en México? Especialista alerta por diferencia histórica entre cifras oficiales

La reducción de los homicidios dolosos presentada por el gobierno federal debe analizarse con cautela ante las diferencias que existen entre las propias fuentes oficiales, advirtió Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora y vocera de Causa en Común, durante una entrevista con el periodista Guillermo Ortega. La especialista señaló que la brecha entre los registros disponibles alcanzó un nivel que no se había observado desde que existen estos indicadores.

La diferencia parte de la manera en que cada institución obtiene la información. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabiliza las víctimas registradas en carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales. Esto implica una clasificación jurídica que distingue entre homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio y otros delitos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utiliza un mecanismo distinto: toma como referencia las estadísticas de defunciones y la causa de muerte asentada en los registros correspondientes. Cuando se establece que una persona murió como consecuencia de una agresión, ese fallecimiento se incorpora a sus estadísticas, independientemente de la clasificación penal que posteriormente tenga el expediente.

Esta diferencia metodológica explica que las cifras no sean idénticas, pero Canjura Luna destacó que actualmente existe una separación particularmente importante. “Vemos una discrepancia equivalente a 3 mil 645 víctimas de homicidio que no fueron reportadas por el Secretariado o por las fiscalías”, explicó. La cantidad equivale aproximadamente al 15% del total registrado por el SESNSP y, según la investigadora, representa un volumen similar a cerca de dos meses de homicidios.

¿Por qué INEGI registra más homicidios que el Secretariado?

La especialista explicó a Guillermo Ortega que una carpeta de investigación puede comenzar bajo una clasificación y modificarse posteriormente. Una muerte considerada inicialmente accidente o suicidio, por ejemplo, podría terminar reclasificada como homicidio después de que avancen las investigaciones. Esas modificaciones deben incorporarse posteriormente a las estadísticas del Secretariado.

INEGI, en cambio, ofrece información que Canjura Luna describió como más “definitiva”, aunque tiene la desventaja de publicarse con mayor retraso. Mientras el instituto acaba de presentar cifras preliminares correspondientes a 2025, el Secretariado ha realizado varias actualizaciones de sus registros durante ese periodo.

Para la investigadora, que ambos organismos utilicen metodologías distintas no necesariamente representa un problema. Al contrario, comparar sus resultados permite detectar posibles fallas. Entre los ejemplos mencionó San Luis Potosí, con una diferencia de 72%, y Zacatecas, con 77%. En este último caso, afirmó que INEGI contabilizó 269 personas fallecidas por homicidio frente a 152 registradas por el Secretariado.

¿Qué revela la diferencia en las cifras de homicidios?

Canjura Luna consideró que uno de los aspectos más preocupantes es la posible debilidad institucional de las fiscalías, pues son estas dependencias estatales las encargadas de investigar los delitos y proporcionar información que posteriormente alimenta las estadísticas nacionales. Una falla en esta parte del proceso no solamente altera los números, sino que puede evidenciar problemas más profundos en la procuración de justicia.

“Cuando nosotros vemos este tipo de discrepancias, alguien está haciendo mal su trabajo”, señaló. La investigadora sostuvo que una deficiente investigación y clasificación de los homicidios termina vinculándose con los niveles de impunidad. Si las fiscalías no integran correctamente los casos, explicó, también se dificulta identificar responsables, judicializarlos y conseguir sanciones.

La especialista recordó que en enero de 2026 se realizaron ajustes a la metodología utilizada para elaborar las estadísticas delictivas con el objetivo de disminuir la opacidad en la información proporcionada por las fiscalías. Sin embargo, consideró que todavía falta una vigilancia exhaustiva del Secretariado sobre la calidad de los datos enviados por las entidades.

Finalmente, Canjura Luna pidió evitar que una reducción estadística sea presentada automáticamente como prueba del éxito de una estrategia de seguridad.

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