Reforma al Poder Judicial fracasa: "prometieron justicia y hoy hay caos", advierte jueza Juana Fuentes
Aseguró que la reforma judicial ha generado vacíos operativos, renuncias, retrasos en la impartición de justicia y violaciones a derechos laborales
A 45 días de que entrara en vigor la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno federal, la jueza Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), aseguró que el país enfrenta un “caos judicial” marcado por renuncias, vacantes sin cubrir, retrasos en tribunales y violaciones a los derechos laborales de juzgadores.
En entrevista con Guillermo Ortega para Informativo NTR, la jueza afirmó que la reforma “no cumplió lo prometido” y que los nuevos nombramientos, realizados por voto popular, privilegiaron “el carisma y el compromiso político por encima de la experiencia”.
“Prometieron justicia y generaron caos”
Fuentes explicó que ser juzgador “no se aprende en un día”, y que la improvisación con la que se eligieron a jueces y magistrados ha provocado errores procesales y vacíos operativos.
“Desafortunadamente lo prometido no se cumplió. Hay caos. La impartición de justicia está retrasada y hay tribunales incompletos”, señaló.
La jueza recordó que incluso ya se registran renuncias entre los nuevos juzgadores, lo que, dijo, confirma que el diseño de la reforma se hizo sin prever escenarios básicos.
Vacantes sin cubrir y retrasos en tribunales
Fuentes comparó la situación actual con lo ocurrido en Bolivia, donde un modelo similar provocó años de retrasos y miles de expedientes atorados.
En México, explicó, ya hay tribunales sin titular, pues cuando un juez renuncia o se retira, el reemplazo no puede ser designado hasta un nuevo proceso electoral. Mientras tanto, los asuntos siguen acumulándose.
“Esto retrasa gravemente la impartición de justicia. La sociedad está pagando las consecuencias de una reforma exprés”, afirmó.
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Violencia y violaciones laborales contra jueces
La jueza denunció que la crisis no solo afecta a la ciudadanía, sino también al interior del propio Poder Judicial. Decenas de jueces y magistrados en retiro —o aquellos que no fueron incluidos en los llamados “acordeones” electorales— no han recibido su liquidación conforme a la ley.
Muchos tienen entre 20 y 25 años de carrera y deberían recibir indemnizaciones altas según la Constitución. No obstante, dijo, el gobierno pretende pagar montos menores al salario integrado establecido en criterios jurisprudenciales.
“Están incumpliendo la Constitución. No están pagando lo que corresponde, y eso es discriminatorio. Se está dejando a juzgadores sin forma de subsistir”, denunció.
La situación se agravó esta semana cuando un grupo de juzgadores que protestaba pacíficamente por su pago fue reprimido con gas lacrimógeno y fuerza pública, pese a que se trataba de una manifestación legal.
Incertidumbre por las liquidaciones y salario base
Fuentes señaló que no existe claridad sobre los criterios de pago, pese a que el órgano de administración judicial anunció que se cubrirán tres meses de salario y veinte días por año trabajado.
Sin embargo, persiste la preocupación de que el gobierno quiera excluir la compensación garantizada y otras prestaciones que integran el salario real.
“La Constitución es clara: la indemnización debe calcularse con salario integrado. Una interpretación distinta sería contraria a derecho”, afirmó.
Rutas legales e internacionales
Ante el panorama, la jueza advirtió que si el gobierno mantiene su postura de no pagar conforme a la ley, los juzgadores acudirán a instancias internacionales para denunciar la violación de sus derechos.
Riesgos para la inversión y para la democracia
Fuentes alertó que la incertidumbre judicial podría generar desconfianza entre inversionistas nacionales y extranjeros, quienes requieren un sistema independiente y estable.
Además, llamó la atención sobre el peligro de repetir el modelo en las próximas elecciones de 2027.
“Sería una irresponsabilidad. Los juzgadores de carrera que permanecen son quienes sostienen el sistema. Exponer nuevamente la justicia a un proceso político significaría perder toda seguridad jurídica”, advirtió.
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