Tres muertes en cuatro años: El vacío legal detrás de escuelas militarizadas que revela el caso Dafne Zapata

El feminicidio de Dafne Zapata Quintos dentro de una escuela con disciplina militarizada en Tamaulipas volvió a encender las alertas sobre un modelo educativo que, pese a las constantes denuncias por abusos, continúa operando en distintas partes del país sin una regulación específica.

Para la especialista en seguridad y directora general de Global, Daira Arana Aguilar, este caso no solo exhibe presuntas responsabilidades penales, sino también un vacío legal que ha permitido la proliferación de instituciones que adoptan métodos militares sin pertenecer a las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Sofía Villalobos, a nombre de Guillermo Ortega, la experta advirtió que el feminicidio de la menor no es un hecho aislado, sino el tercer caso de un menor de edad que pierde la vida en este tipo de instituciones durante los últimos cuatro años.

Tres casos que reabren el debate

Arana recordó que anteriormente ya se habían documentado muertes de adolescentes dentro de escuelas militarizadas. Incluso mencionó el caso de un joven fallecido en 2023, cuya muerte inicialmente fue atribuida a un ataque epiléptico, pero que posteriormente fue relacionada con presuntos abusos y actos de tortura.

"Ya van tres casos en cuatro años de menores que han terminado muertos y que, además, inicialmente intentan ocultar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos", señaló.

Para la especialista, todos estos episodios muestran un patrón que obliga a revisar el funcionamiento de este tipo de instituciones.

El primer problema: un vacío legal

Uno de los principales puntos que expuso Arana es que en México no existe una regulación clara sobre las llamadas escuelas militarizadas.

Explicó que estas instituciones no forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni de la Secretaría de Marina (Semar), pero adoptan métodos, uniformes y esquemas de disciplina similares a los utilizados por las Fuerzas Armadas.

"Es un limbo porque no hay algo específico que prohíba o permita que existan instituciones que están en el marco civil", afirmó.

¿Por qué siguen existiendo?

La especialista consideró que estas escuelas continúan creciendo debido a que muchos padres de familia relacionan el concepto de disciplina militar con orden, prestigio y formación de carácter.

En especial, explicó, suelen presentarse como una alternativa para adolescentes considerados "rebeldes" o con problemas de conducta.

Sin embargo, advirtió que esa percepción puede ocultar prácticas que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Disciplina no significa violencia

Arana subrayó que la disciplina nunca debe confundirse con violencia física o psicológica.

Recordó que los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos por la legislación mexicana y por los tratados internacionales, independientemente de que ocurran en instituciones públicas o privadas.

Además, enfatizó que niñas, niños y adolescentes son una población especialmente vulnerable que requiere protección reforzada.

¿Quién debe intervenir?

Tras el asesinato de Dafne Zapata surgió otra pregunta: ¿qué autoridad debe actuar?

Para la directora de Global, la primera responsabilidad recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en las secretarías estatales de educación, al tratarse de instituciones educativas.

Sin embargo, precisó que cuando existen posibles delitos, las fiscalías estatales deben iniciar las investigaciones correspondientes.

En el caso de Tamaulipas, señaló que corresponde a la Fiscalía estatal esclarecer los hechos, aunque consideró necesario que el Gobierno federal impulse una revisión nacional sobre este tipo de planteles.

"No sabemos con exactitud cuántas instituciones que al final tengan o no tengan el nombre, manejan este tipo de disciplina militarizada en su instituciones. Y por último, quisiera decir algo que me parece importante. Esto es un efecto de la militarización".

El efecto de la militarización

La especialista sostuvo que este fenómeno también refleja un efecto poco discutido de la militarización en México.

Explicó que mientras el debate público suele centrarse en el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pocas veces se analizan las consecuencias de trasladar esa lógica militar a espacios educativos.

A su juicio, normalizar prácticas basadas en la obediencia absoluta o el castigo puede generar escenarios de violencia incompatibles con los derechos de la infancia.

"Hablamos mucho de la militarización de la seguridad pública, los militares realizando tareas que le corresponden a la policía, pero hablamos muy poco de cómo esta excesiva socialización de lo militar tiene efectos significativos en poblaciones vulnerables, específicamente en niñas y niños y adolescentes en instituciones donde tendrían que ir a prender, a que sean cuidados y a que la pasen bien, no a ser torturados como lo hemos visto en todos estos casos", advirtió.

Exmilitares y expolicías como instructores

Durante la entrevista también se planteó otra preocupación: muchas de estas instituciones son dirigidas por exmilitares o expolicías que carecen de formación pedagógica.

Arana coincidió en que la educación no puede sustentarse en métodos de castigo, golpes, humillaciones o tortura.

"No no tiene que ver con inculcarte ciertos valores o principios a partir de la violencia física, verbal o psicológica; que es lo que vemos en estos al menos últimos tres casos y también que son casos conocidos porque las familias han salido hablar", puntualizó.

Uniformes e insignias: otro posible delito

Otro de los aspectos analizados fue el uso de uniformes, insignias y distintivos similares a los de las Fuerzas Armadas.

La especialista explicó que, de comprobarse el uso indebido de estos elementos oficiales, podrían configurarse delitos relacionados con la usurpación de funciones y el uso ilegal de símbolos institucionales.

Indicó que este tema sí podría involucrar a autoridades federales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional.

También cuestionó la facilidad con la que actualmente pueden adquirirse uniformes militares o policiales en establecimientos comerciales, lo que, dijo, termina diluyendo la autoridad que representan esas instituciones.

¿Un negocio sin regulación?

Arana consideró que la falta de supervisión podría responder, en parte, al interés económico que representan estas escuelas.

Aunque aclaró que no puede afirmarse la existencia de actos de corrupción, señaló que la ausencia de controles y revisiones permite que estas instituciones continúen operando sin mayores restricciones.

También faltan políticas públicas

Arana sostuvo que el problema trasciende a estas instituciones y refleja la ausencia de políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia.

Mencionó la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo y la falta de estrategias que permitan a madres y padres equilibrar su vida laboral con el cuidado de sus hijos.

A su juicio, estas carencias generan condiciones que llevan a algunas familias a buscar soluciones extremas.

Un llamado al Poder Legislativo

Finalmente, la especialista pidió que el caso de Dafne Zapata no quede únicamente como un episodio de indignación pasajera.

Consideró indispensable que el Poder Legislativo impulse una regulación específica para este tipo de instituciones, destine recursos para fortalecer políticas de protección a la infancia y promueva modelos educativos libres de violencia.

"Hay una exigencia para presionar a nuestras autoridades, sobre todo a nuestras autoridades en el poder legislativo, que a veces se nos olvidan, que tienen un poder muy importante de apuntar a lo que decíamos al inicio, regular de manera adecuada esto, destinar presupuesto donde realmente se requiere y limitar la socialización de prácticas que no son adecuadas en nuestra sociedad", concluyó.

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