“No es una palabra maldita”: gobernador de Morena abre la puerta a expropiaciones

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, abrió la puerta a recurrir a la expropiación de empresas cuando exista un perjuicio para la sociedad y planteó que sectores como la banca, las navieras y los ferrocarriles regresen gradualmente al control del Estado.

Durante una intervención pública difundida en redes sociales, el mandatario de Morena defendió la recuperación de actividades y servicios que fueron privatizados en administraciones anteriores.

“Me parece que sí sería muy importante, no sólo en las navieras, si nos fuéramos quitándole todo lo que privatizaron”, expresó Castro Cosío.

El gobernador señaló como ejemplos la participación estatal en el sistema ferroviario y la recuperación de Mexicana de Aviación, y sostuvo que una mayor intervención pública podría ayudar a garantizar servicios accesibles y costos adecuados en el transporte de mercancías.

Al referirse directamente a una eventual intervención sobre bienes privados, Castro Cosío aseguró que el término no debe excluirse del debate político.

“La expropiación no es palabra maldita. Habría que expropiar cuando llegue el momento y el perjuicio sea para la sociedad”, afirmó el mandatario.

Castro también planteó que los bancos vuelvan progresivamente a manos nacionales, de manera semejante a la recuperación de servicios ferroviarios promovida por el Gobierno federal.

“Que poco a poco volvieran los bancos a ser nacionales, volvieran, como lo estamos haciendo con los ferrocarriles, a ser nacionales”, declaró.

La nacionalización bancaria, un episodio polémico

La propuesta remite a uno de los capítulos más controvertidos de la historia económica reciente de México. En septiembre de 1982, el entonces presidente José López Portillo decretó la nacionalización de la banca privada y estableció un control generalizado de cambios, en medio de una crisis marcada por la deuda externa, la fuga de capitales y la caída de los ingresos petroleros.

Las declaraciones de Castro Cosío no constituyen, por ahora, el anuncio de una iniciativa ni detallan empresas, procedimientos o condiciones concretas para una expropiación. Se trata de un posicionamiento político en favor de ampliar la participación estatal en sectores considerados estratégicos.

En México, una expropiación requiere una causa de utilidad pública, indemnización y el cumplimiento del procedimiento establecido en la Constitución y las leyes correspondientes.

Señalamientos de nepotismo alcanzan a su gobierno

El pronunciamiento ocurre mientras el gobernador y su administración enfrentan señalamientos por presunto nepotismo y conflicto de interés.

Una denuncia presentada en julio de 2025 ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California Sur acusa a Castro Cosío y a su esposa, Patricia Imelda López Navarro, presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de familiares y personas cercanas.

Según una investigación de Semanario ZETA, el expediente CG/EPRA/178/2025 incluye señalamientos sobre al menos 13 funcionarios con relaciones familiares, civiles o políticas dentro de la administración estatal.

Entre las personas mencionadas aparecen sobrinos, un yerno y un compadre del mandatario colocados en diferentes dependencias. La Contraloría estatal confirmó que el asunto permanece en etapa de investigación y que todavía no existe una resolución definitiva.

Por ello, las acusaciones deben considerarse señalamientos bajo investigación y no responsabilidades comprobadas.

¿Cómo llega Víctor Castro a la sucesión de 2027?

El posicionamiento del gobernador también adquiere relevancia ante la proximidad de las elecciones estatales de 2027, cuando Baja California Sur renovará la gubernatura, el Congreso local y sus cinco ayuntamientos.

Castro Cosío, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, no puede buscar la reelección. Sin embargo, su nivel de respaldo y la evaluación de su gobierno serán factores relevantes para Morena en la disputa por conservar el estado.

La medición de Demoscopia Digital correspondiente a agosto de 2026 colocó al gobernador con una aprobación de 57.2%, de acuerdo con la publicación compartida por la encuestadora. El porcentaje representa una fotografía del momento y debe interpretarse conforme a la metodología y alcance del estudio.

Así, Castro llega al último tramo de su administración con una aprobación mayoritaria en esa medición, pero también con cuestionamientos sobre la integración de su gobierno y un discurso económico que podría generar fricciones con empresarios, oposición e inversionistas.

Su defensa de la expropiación y de una eventual nacionalización bancaria vuelve a colocar en la conversación pública una vieja disputa: hasta dónde debe intervenir el Estado en la economía y qué actividades deben permanecer en manos privadas.