Abuso sexual infantil dentro de prisones, una cruda realidad de México denunciada por organizaciones
El caso del youtuber, “El Coyote Consentido”, evidenció que pese a tener una condena por pornografía infantil, el sujeto seguía abusando de menores en la cárcel
México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, suele creerse que la cárcel es suficiente castigo para los depredadores sexuales de menores, pero varios informes revelan que al menos en nuestro país no es así. Aunque desde hace varios años se ha advertido sobre esta situación, la muerte de Yudiel Flores Tovar, conocido como "El Coyote Consentido", youtuber condenado a más de 100 años por pornografía infantil, deja al descubierto que dicho crimen se sigue cometiendo desde las prisiones.
Y es que este hombre, acusado de abusar de decenas de niños, grabarse haciéndoles daño y vender el material en línea, no dejó de abusar de menores ni aún estando dentro de un penal, lo que hace que surjan varias preguntas, ¿cómo logró hacerlo? La respuesta no es clara aún, pero todo apunta a una de las grandes problemáticas de México: la corrupción.
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También deja al descubierto la podredumbre del sistema penitenciario, que lejos de cumplir su función –en algunos casos– de reinsertar a los individuos infractores a la sociedad, fungen como semilleros del crimen. En el caso del abuso sexual infantil, muestra que los familaires de los internos que acuden a visitarlos, corren mucho riesgo en esos lugares.
Lo que dicen las organizaciones
Organizaciones como Reinserta, Libera México y Te Protejo México, se han pronunciado sobre el asesinato del “Coyote Consentido”, pidiendo que con sumuerte no se cierre el caso, por el contrario, se debe investigar a fonde quiénes eran las víctimas del material hallado en su celda y en su celular, y cómo es que pudo abusarlas sexualmente.
De acuerdo con los informes, al menos cinco casos de abuso sexual infantil han sido documentados dentro de prisiones, además se registraron otros abusos contra menores dentro de penales. Cifras que podrían ser mucho mayores, pues dentro y fuera del sistema penitenciario, estos delitos tienen un bajo porcentaje de denuncias.
Reinserta ha publicado varios informes alertando sobre esta situación, la cual es favorecida por una crisis sistémica: ausencia de protocolos, espacios inseguros, falta de personal y tecnologías de vigilancia, y sobre todo, la impunidad que permite que agresores sexuales reincidan incluso bajo custodia del Estado.
"En México, niñas y niños siguen siendo abusados sexualmente dentro de espacios bajo la responsabilidad del Estado", denunció Reinserta, señalando omisión, negligencia y, en muchos casos, complicidad institucional como causas directas de estos crímenes.
Además de la falta de medidas de protección inmediatas, organizaciones civiles subrayan que México carece de protocolos diferenciados para el tratamiento de agresores sexuales. Mientras otros países han implementado programas de rehabilitación y monitoreo psicológico, el sistema mexicano mantiene un enfoque de reinserción que no responde a las particularidades de este tipo de delitos.
El caso del “Coyote Consentido”
La muerte del youtuber alias “El Coyote Consentido”, en el penal El Amate de Chiapas es el claro ejemplo de lo denunciado por las organizaciones, pues a pesar de haber sido condenado a 119 años de prisión por delitos relacionados con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, Flores Tovar logró continuar sus crímenes desde el interior del penal, donde grabó y almacenó nuevos videos de explotación sexual infantil entre mayo y septiembre de 2024.
El material fue hallado en su teléfono móvil tras su muerte por asfixia mecánica el pasado 17 de abril. La Fiscalía de Chiapas investiga si los menores víctimas podrían ser hijos de otros internos.
Las autoridades manejan dos líneas de investigación sobre la muerte de Flores: una posible venganza entre internos tras recibir amenazas, y otra vinculada a las nuevas imágenes encontradas en su poder.
El caso ha motivado llamados urgentes a revisar el funcionamiento del sistema penitenciario, establecer mecanismos de protección reales para menores y cerrar los vacíos legales que perpetúan estos abusos.
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